En 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema - integrada por varios de los indignos magistrados que hoy van camino de la cárcel por usar su investidura para enriquecerse y prevaricar - declaró culpable por los delitos de “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros” al ex ministro del gobierno Uribe.

La acusación de la Corte se funda en que el Convenio de Cooperación suscrito por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro era ilegal. 

Sin embargo, antes de éste, varios ministros firmaron no menos 150 convenios entre estas dos entidades para fines similares.

La Ley 1133 de 2007 creó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) para aumentar la competitividad del campo colombiano, especialmente debido a la aprobación de tratados de libre comercio con países que otorgan grandes subsidios a sus productores. No fue un invento de Arias sino la adaptación de la Ley de Riego de Chile. 

AIS apoyó a los productores agropecuarios de todos los niveles mediante aportes no reembolsables para construir sistemas de riego. 

Según el informe del Ministerio de Agricultura del 27 de julio de 2011, siendo ministro Juan Camilo Restrepo, las familias beneficiados durante los años 2007 y 2008 en que se asignaron los recursos fueron 25.559. 

De ellas, 40 corresponden a grandes productores; 9.165 a medianos y 16.354 a pequeños productores.

En el informe se incluyen los 33 proyectos en los que se realizaron acuerdos de conciliación promovidos por el Ministerio para lograr la devolución de los dineros. Los sistemas de riego que se construyeron en desarrollo del programa están funcionando.

El procedimiento de adjudicación se hizo a través del IICA en el que un comité convocó a los aspirantes para que presentaran sus propuestas y, con los requisitos establecidos por dicho comité, recibieran los beneficios.

No fue el ex ministro quien escogió a los beneficiarios, ni administró los recursos, ni definió las inversiones. Y cuando la revista Cambio informó que había un fraude en el IICA por parte de algunos ricos propietarios que subdividieron ficticiamente sus predios para lograr más aportes, fue el Ministerio el que hizo las respectivas denuncias y logró recuperar los dineros. 

Cuando Arias viajó a Estados Unidos para buscar asilo, el gobierno Santos, con un interés político igual al de la Corte Suprema, empleó a fondo la diplomacia, como no lo ha hecho con Nicaragua ni Venezuela, para exigir su extradición. 

El escarnio que se quiere hacer con Arias es para demostrar que se está luchando contra la corrupción, mientras por los pasillos de la Casa de Nariño rondan dudas sobre el financiamiento de la campaña presidencial; la contratación a favor de su gerente Roberto Prieto; y los enredos del caso Odebrecht que extiende sus tentáculos a exministros, políticos gobiernistas y la administración se justicia. 

Andrés Felipe Arias es reo de dos graves culpas: Aspirar a la Presidencia de la República a una temprana edad sin pertenecer a las élites sociales de Colombia; y ser cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Porque al exfuncionario no se le probó que se hubiera apropiado de un solo peso oficial, ni que recibió coimas, ni extorsionó a nadie. 

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