Cada semana estalla un nuevo caso de corrupción en el país, que refleja la manera como dirigentes y comerciantes sin escrúpulos se apropian de recursos públicos que están destinados para suplir las necesidades de la comunidad e invertir en el bienestar común.

Los casos más aberrantes de esa ola de malversaciones que carcome la institucionalidad son los relacionados con los niños, mucho más cuando esos dineros tienen la finalidad de alimentar a los menores más desfavorecidos y de forma alevosa, se apoderan de esos recursos aumentando la crisis de muchas regiones donde los infantes mueren por desnutrición.

Por eso son más escandalosas las revelaciones de la Contraloría sobre los desfalcos en los Programas de Alimentación Escolar, PAE. En cerca de 20 departamentos existen irregularidades con las inversiones en los contratos de suministros, por sobrecostos en los refrigerios repartidos en las escuelas públicas que alcanzan el 500 por ciento y lo que es peor, por la mala calidad de los comestibles.

Es increíble que en un país productor de alimentos como Colombia, donde incluso se desperdician muchos víveres y hasta se han visto escenas en las que arrojan leche y otros suministros por sobre producción o descomposición, se registren más de 100 muertes al año por casusas asociadas a la desnutrición.

En investigaciones recientes se estableció que han llegado a perder la vida 15 personas al día por esta causa y las principales víctimas son niños menores de cinco años, aunque los mayores de 65 años también sufren las consecuencias de una mala alimentación. 

La indignación por los actos de corrupción en los programas de alimentación escolar es general y la responsabilidad no solo es atribuible a los funcionarios que meten la mano en los recursos, también tienen su cuota los organismos de control regionales que tienen la obligación de vigilar las acciones de los servidores públicos, en especial de aquellos que tienen facultades para contratar y manejar las finanzas.

Y hablo de los órganos de control regionales porque es allí donde son más frecuentes estos casos. La Guajira, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño y Santander, son los departamentos que figuran con más desfalcos a los programas sociales como el PAE, en este último recientemente fueron capturadas tres personas por irregularidades en un contrato que tendría que beneficiar a más de 120.000 alumnos. 

Mientras se están cometiendo las irregularidades en las contrataciones públicas, pareciera que las autoridades administrativas y los entes de vigilancia están mirando para otro lado, no se sabe si por negligencia u omisión a su deber o porque hacen parte de esas redes que se enriquecen con los dineros de los colombianos.

Los ciudadanos debemos exigir que quienes cumplan funciones de vigilancia de la hacienda, cuenten con los más estrictos requisitos de transparencia y probidad, y sobre ellos también se debe ejercer de manera drástica la acción de la justicia cuando tengan connivencia con los corruptos.

@WilsonRuizO