El largo debate que se adelantó en el Senado para aprobar la refrendación de los acuerdos de La Habana solicitada por el Presidente de la República, suscitó gran cantidad de argumentaciones unas de carácter jurídico y otras políticas en favor y en contra de ese trámite.

De todo ello hay algunos hechos que son indudables, que se pueden enumerar así:

1-El Presidente de la República está facultado para firmar acuerdos con grupos levantados en armas y no requieren refrendación.

2-Poner en marcha lo acordado requiere la expedición de normas de diferentes categorías como pueden ser reformas constitucionales; leyes nuevas; actos administrativos etc. que deberán tramitarse por los entes competentes.

3- Lo ejecución de lo acordado por las partes se funda en el principio de la buena fe.

Si esto es así, ¿por qué el gobierno le pide al Congreso una refrendación? Ese es el primer interrogante que cualquiera se haría ante el embrollo que se ha formado. Pues bien, supongo que es por una razón meramente política derivada del triunfo del NO en el plebiscito convocado para darle un respaldo popular a los acuerdos.

No obstante surge una duda en relación con este trámite y que ha sido objeto de variadas intervenciones: ¿El acuerdo de que se trata hoy es realmente nuevo?

Es decir, ¿es un acuerdo distinto al que fue rechazado por el pueblo en el plebiscito del dos de octubre? Porque allí puede haber una dificultad de fondo al considerar que el gobierno no podría iniciar la implementación de las cláusulas que fueron rechazadas en las urnas, y se buscaría una nueva forma de refrendarlo mediante aprobación del congreso.

En ese caso se estaría subsanando el rechazo ciudadano con la aprobación de una acto por parte del congreso, que no está reglado.

Y, entonces, surge una pregunta nueva: ¿Tiene el parlamento colombiano facultad para hacerlo? Porque un principio general de Derecho señala que el funcionario público sólo puede ejecutar aquello para lo cual está expresamente autorizado, y dentro de las funciones del congreso no aparece esta facultad.

También resulta evidente que el gobierno está afrontando la incertidumbre de la ciudadanía que no asimila con claridad si los acuerdos que se están llevando al congreso recogen el querer de las mayorías.

Parece más un afán del gobierno por darle gusto a las Farc para no malograr lo que se ha firmado, que dejar tranquila a la nación bajo la certeza de que es lo mejor para el futuro del país.

Nadie está en contra de alcanzar la paz en Colombia, pero se duda si el camino que se está andando va a ser el adecuado para lograrla.

Se oyen las voces de quienes afirman que todavía hay más de 700 secuestrados por las Farc; que el problema del narcotráfico, el mayor de los males que aquejan al país, no se va a solucionar por este medio; que se le están dando todo tipo de garantías a lo que sería el partido político de los desmovilizados, mucho mayores que a los demás partidos, etc.

Es decir, políticamente también subsisten muchas dudas.

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