Uno de los grandes desafíos que enfrenta América Latina es la seguridad ciudadana. No solo porque mide el nivel de legitimidad y capacidad institucional de sus Estados democráticos, sino también porque sus costos, tanto directos como indirectos, impactan gravemente el bienestar de los ciudadanos.

La seguridad no es simplemente un asunto económico; como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la garantía de un núcleo básico de derechos, que incluye la seguridad personal y la prevención del delito y la violencia. Desde una perspectiva Arendtiana, la seguridad ciudadana se sustenta en la capacidad de los ciudadanos para actuar políticamente y defender sus derechos y libertades fundamentales, siendo clave para la estabilidad social y la protección de la democracia.

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los costos de la violencia y el crimen en América Latina muestra que la inseguridad es un problema que afecta a todos: el Estado, las empresas y la ciudadanía. Sin embargo, la magnitud del fenómeno desborda muchas veces la capacidad estatal y pone en entredicho su legitimidad. Así, cualquier agenda de desarrollo social y económico pasa por la mitigación de este problema.

En 2022, la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe (ALC) fue de 20 por cada 100.000 habitantes, más de tres veces la media mundial. Ese mismo año, los costos directos del crimen alcanzaron el 3,44% del PIB regional, lo que equivale a recursos que podrían haberse destinado a educación, salud e infraestructura.

La inseguridad no solo cobra vidas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones, reduce la inversión, frena el turismo y provoca migraciones forzadas. Su impacto económico es significativo: la productividad empresarial cae entre un 10% y un 35% en contextos de alta criminalidad, y la inversión extranjera se retrae en sectores clave como el comercio y la industria.

Además, las empresas en ALC gastan en promedio 1,9% de sus ventas anuales en seguridad, una cifra superior a la de Europa y Asia. Esto limita su capacidad de innovar y crecer; en el Caribe, por ejemplo, un aumento del 10% en el gasto en seguridad empresarial reduce en un 6% la probabilidad de innovar.

Sectores como el turismo, se ven fuertemente afectados. En la región, un incremento del 1% en la tasa de homicidios reduce en 0,12% la llegada de turistas internacionales, lo que afecta el empleo y la economía local. En Belice, donde el turismo representa el 38,1% del PIB, el crimen ha sido un factor determinante en la disminución de visitantes. Otra de las consecuencias más graves es la migración forzada. En Guatemala, un aumento de un homicidio por cada 100.000 habitantes se asocia con un incremento de entre 2,3 y 3,4 migrantes por cada 100.000 habitantes.

El enfoque tradicional de aumentar el gasto en seguridad ha demostrado ser insuficiente. La clave está en invertir mejor, no solo en más policías y cárceles, sino en estrategias de prevención, desarrollo económico y justicia efectiva. Según el BID, programas de disuasión focalizada han logrado reducir homicidios entre un 30% y un 60%, mientras que el uso de tecnología forense, como el análisis de ADN, ha triplicado la identificación de sospechosos en algunos países.

Luchar contra el crimen y la violencia en ALC no es solo un reto de seguridad, sino un requisito para el desarrollo. Reducir la criminalidad podría liberar al menos un 1% del PIB, que podría destinarse a sectores estratégicos como educación, salud e inversión productiva.

Entre las principales recomendaciones del BID se encuentran fortalecer la recolección y análisis de datos sobre el crimen, desarrollar estrategias de prevención con un enfoque multisectorial, optimizar el gasto en seguridad y justicia, e implementar políticas específicas para reducir la violencia en comunidades vulnerables. Un enfoque integral, que vincule seguridad y desarrollo, es la única vía para garantizar una América Latina más próspera y estable.

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