El retorno a la clandestinidad de Márquez y su banda plantea desafíos urgentes para el Gobierno:
Para empezar, debe aprender a navegar en la esquizofrenia y, en lo que sea posible, salir de ella: Colombia, por cuenta del pacto con las Farc, tiene un orden jurídico y una institucionalidad diseñadas para el postconflicto y una realidad de conflicto armado.
A la Fuerza Pública le ocurre algo peor: por un lado, su doctrina estratégica y táctica, su estructura de despliegue en terreno y su presupuesto están pensados para “la paz” y deben enfrentar varias dimensiones del conflicto. Por el otro, debe lidiar con la Justicia Especial para la Paz, las comisiones y los efectos “culturales” del acuerdo.
Varias tareas inmediatas: primero, recuperar el sentido de la autoridad y enseñar a los ciudadanos que no solo deben respetar a soldados y policías sino que ponerlos en peligro y agredirlos permite la neutralización de los agresores.
Segundo, dar seguridad jurídica. Soldados y patrulleros deben saber qué pueden y qué no pueden hacer y cómo deben hacerlo, de manera clara, expresa e inequívoca.
Tercero, procurar legitimidad absoluta. Ese será el flanco que van a atacar todos los interesados en que la Fuerza Pública no sea eficaz y eficiente en la lucha contra violentos y criminales. Es indispensable resolver de manera correcta la interrelación entre el derecho interno, derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de manera que militares y policías tengan definidas las reglas aplicables en cada caso concreto.
Cuarto, recuperar la moral de combate. A soldados y policías se les vendió la idea de que habíamos llegado a “la paz”, han visto como se premia a los bandidos que combatieron toda su vida, y ven a sus compañeros acusados en los tribunales.
Quinto, atacar a fondo la corrupción. Más allá de que es verdad que difundir casos de corrupción, algunos ficticios, es parte de la estrategia para debilitar a la Fuerza Pública, no es menos cierto que sí hay problemas de malos manejos. La corrupción, como las violaciones a los derechos humanos, mina la legitimidad de las Fuerzas y les hace perder apoyo ciudadano. Hay que identificar a los corruptos y expulsarlos sin contemplaciones.
Sexto, hoy no tienen medios para hacer lo que se les pide. Hay que recuperar el aparato de inteligencia y la capacidad de apoyo aéreo y helicotransportado, las dos armas fundamentales que permitieron los golpes más importantes a la guerrilla y al narcotráfico.
Séptimo, encontrar soluciones imaginativas para superar el problema de pie de fuerza que se ha generado con que entre Policía y Ejército hayan perdido cerca de 40.000 hombres en los últimos dos años.
Octavo, hay que reconocer y enfrentar la creciente dimensión internacional del conflicto. En Venezuela el régimen ha dejado de tolerar la presencia de la guerrilla colombiana y ha pasado a hacer con ella una alianza. Por cierto, los colombianos que operan en esa coalición son responsables de los crímenes de traición a la Patria consagrados en el Código Penal. Colombia debe evitar caer en provocaciones y, al mismo tiempo, construir la capacidad disuasiva que evite una agresión de Venezuela.
Noveno, hay que proteger a la guerrillerada verdaderamente desmovilizada, pero también presionar a los jefes que al menos en teoría siguen en el proceso para que cumplan sus obligaciones, entre ellas las de entregar toda la información sobre armas, caletas, rutas, laboratorios, narcocultivos, cómplices. A quien bajo la apariencia de haberse desmovilizado colabore de cualquier manera con la banda de Márquez, no solo la imputación de los delitos correspondientes sino la pérdida de todos los beneficios que hayan recibido en el marco del pacto con Santos.
Finalmente, pero es quizás lo más importante, hay que tomar conciencia de que seguiremos azotados por la violencia mientras en nuestro país el narcotráfico tenga la fuerza que tiene. Hay que reconstruir un consenso mínimo para atacar a los narcos y desmontar los incentivos perversos que hay para el narcotráfico en el pacto de Santos con las Farc.
