A propósito de los preparativos que se vienen haciendo en los distintos ámbitos políticos –la derecha, el centro y la izquierda-, para escoger el candidato que remplace al presidente Duque en el 2022, es necesario hacer una reflexión más allá de los nombres, acerca de dos dimensiones fundamentales en las sociedades modernas, para gobernarlas: la democracia y la gobernabilidad.
La democracia se asocia tradicionalmente a los valores clásicos de libertad e igualdad y tiende a considerarse que hay democracia cuando el gobernante es elegido por los ciudadanos con reglas que permitan la participación de todos los sectores, con pluripartidismo, libertad de participación y escogencia de los ciudadanos y equidad en las reglas de la competencia política. Pero lo anterior conlleva que el gobernante elegido, si bien tiene libertad para formular sus políticas públicas, se comprometa a respetar las reglas del juego institucionales –incluidos los compromisos de Estado- y que cualquier modificación que se pretenda promover debe hacerse dentro de dichas reglas.
Pero implica, también, el compromiso de tener una relación respetuosa entre las distintas ramas del poder público y con los organismos de control, por supuesto dentro del adecuado marco de colaboración que establece la Constitución. Igualmente, tener una relación de respeto y colaboración con los gobernantes regionales y locales que han sido democráticamente electos y las competencias que éstos tienen. Pero el presidente, como jefe de Estado y de Gobierno, debe ser un líder que, con su comportamiento, dedicación y calidad de presidente de todos los colombianos, debe dar ejemplo de respeto por la diferencia, respeto por la oposición política y ser capaz de liderar ante el país un proyecto de nación, dentro del cual quepamos todos con las diferencias, en esta ocasión en un contexto de pos pandemia.
La gestión de gobierno depende mucho de la gobernabilidad, entendida como la capacidad de escuchar las demandas sociales, dar respuesta oportuna a las mismas, dentro de los límites de las restricciones institucionales y garantizar que habrá una gestión pública eficaz y eficiente y con absoluto respeto a la Constitución y la ley. Para esto es fundamental contar con un Congreso que, dentro de su autonomía, estudie y tramite las iniciativas del Ejecutivo de manera eficaz, así como las que surjan de sus miembros y haga sus tareas de control político dentro del ámbito de su competencia –por ello es tan importante contar con buenos congresistas, además de un jefe del ejecutivo-.
Pero garantizar gobernabilidad no es solamente formular políticas públicas, sino implementarlas de manera adecuada y eficiente y hacerle seguimiento y ajustes a esos procesos; para ello se requiere de una administración pública capacitada, eficiente y comprometida en cumplir sus tareas como servidores públicos –por eso lo dañino de creer que la administración pública es solamente una forma de ‘pagar favores’ a los cercanos políticamente, eso es una expresión de clientelismo y amiguismo que no se deben aceptar-.
Por ello, escoger al gobernante adecuado para el siguiente periodo presidencial, va más allá de unas mayorías electorales, que siempre son transitorias. Se trata de escoger una figura que gane y encarne el respeto de los colombianos como su dirigente máximo, que el mismo sea la cabeza de un equipo de gobierno –encarnando un liderazgo colectivo-, presto a responder a las demandas sociales y a las contingencias que se puedan presentar, que sea en la realidad el presidente de todos los colombianos, capaz de promover proyectos de re-encuentro y reconciliación entre los distintos sectores y regiones y el líder de las relaciones internacionales, pero sabiendo que las mismas deben ser manejadas por equipos profesionales especializados en ese campo y no por caprichos ideológicos de tipo coyuntural.
