Hace unos años, cuando dirigía el ICBF, recibí una de las visitas más especiales de mi vida; unos muchachos del programa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes llegaron a mi oficina a contarme lo emocionados que estaban porque habían clasificado a un campeonato internacional de Hapkido, arte marcial, que desarrolla en las personas que lo practican las virtudes de humildad, autodisciplina, lealtad y respeto. Para muchas personas que vienen de contextos difíciles y que han estado atrapados en círculos de violencia esta disciplina les ha cambiado la vida. Escuchar la historia de estos jóvenes talentosos fue enriquecedor, y quedé maravillada de ver cómo les brillaban los ojos narrando el camino recorrido y la disciplina empleada para llegar a este momento. Semanas después, me visitaron nuevamente con la medalla de oro, y nos dimos un abrazo que todavía llevo en el corazón.

El entrenador de estos muchachos les sanó el corazón y los encaminó a que vieran el valor de las cosas de una manera distinta. Ahora les pregunto: ¿ustedes creen que si a estos muchachos les hubieran entregado los $800 mil pesos que propone el gobierno, en lugar del trabajo que hicieron con ellos, el resultado sería el mismo? ¡Por supuesto que no¡

Bien lo dice el criminólogo, experto en este tema, John Cortes Caballero, con quien me reuní esta semana:“estimular políticas donde simplemente se brinde un recurso económico al joven como ´contra prestación´ para que abandone las conductas criminales estimularía a que eduquemos ciudadanos que exijan pagos por su buen comportamiento (deber ser social) y se desestimule la base del contrato social en el que el respeto de los derechos del otro hace parte esencial de la convivencia de toda comunidad. Así las cosas, el reto en política pública se sustenta en la generación de actividades de crecimiento y desarrollo para los jóvenes donde ocupen su tiempo libre, retirándolos así de los espacios donde son captados por las bandas criminales”.

Por tanto, queda claro que el recurso público debe ser orientado en (a) fortalecer las instituciones educativas en convivencia y resolución de conflictos; (b) robustecer programas terapéuticos especializados para el abordaje de casos complejos; (c) fortalecer programas regionales en deportes y actividades artísticas que cuenten con el recurso para ofrecer a los jóvenes las garantías para viajar representando su comunidad sin que medien las amistades políticas o los obliguen a buscar el recurso para financiar su actividad y así lograr estatus social positivo; y, (d) estimular programas restaurativos en los cuales se asignen amonestaciones a los jóvenes infractores y planteen un camino en el que el joven realice actividades y acciones de reparación a las víctimas y a la sociedad. En esto es que el DPS debe invertir los recursos: De lo contrario, estaríamos botando un billón de pesos a la basura.

¿Qué estará pensando el joven que trabaja honradamente y que muchas veces no duerme para poder pagar sus estudios? ¿Se le enseñará que los estímulos económicos serán para los que delinquen y no para los que respetan la ley? En Colombia desde hace unos años está haciendo carrera esta teoría cuyo mensaje no es otro que ser pillo paga.