Hoy, cuando se asimila el resultado de las elecciones del pasado 17 de junio, empiezan a aflorar las consecuencias de un acontecimiento de hondas repercusiones. Es la llegada al gobierno del sector político de oposición que durante cerca de ocho años encabezó el partido Centro Democrático.
El nuevo gobierno fue elegido por sus propuestas de campaña, y tendrá que cumplirlas para satisfacer a los 10 millones de electores que las respaldaron.
Es el curso normal de un sistema democrático que, en Colombia, en los últimos años no hemos conocido porque los presidentes casi siempre representaron la continuación de unas políticas.
Cuando se conoció el triunfo de Iván Duque, el candidato Gustavo Petro anunció una férrea oposición a su gobierno porque los 8 millones de votos que obtuvo lo legitiman como jefe de los contradictores.
Ese es un derecho que hoy está reglamentado en el estatuto de la oposición para que se constituya en alternativa de poder.
He leído y escuchado a diferentes periodistas y columnistas corear con entusiasmo el pronunciamiento de Gustavo Petro, y no comentan que, precisamente, durante el gobierno de Juan Manuel Santos la oposición la encabezó el uribismo, y que Duque fue su candidato.
Es decir, él representó la alternativa política que triunfó.
Hoy vamos a presenciar algo que no ocurría en Colombia desde hace 70 años y, por tanto, varias generaciones no conocen: La entrega del poder de un Presidente a su opositor, lo que implica un “empalme” para conocer de primera mano las ejecutorias del saliente, sus aciertos y sus errores. Ojalá ese proceso se dé serenamente.
Como en tiempos pasados, la gran curiosidad que invade a los medios es conocer el nuevo gabinete presidencial como si lo importante fuera saber quiénes van a tener puestos y prebendas.
Ya se sugieren nombres y apellidos, se pregunta por políticos aspirantes, se descalifica a probables candidatos, cuando ni siquiera el propio Presidente Duque debe tener todavía pensado a los integrantes de su equipo de gobierno.
Algunos insinúan que unas son las promesas de campaña y otras las realizaciones del nuevo gobierno y, por tanto, es de esperarse que los actos del Presidente sean distintos al discurso del candidato. En este caso creo que no va a ser así. Observo que son muy sólidas las argumentaciones que presenta el nuevo mandatario, y muy coherentes su actuaciones para gobernar con lo expuesto durante su candidatura. Es lo que espera el país.
La transmisión del mando del 7 de agosto en el Congreso será un acto solemne y tenso. Si ya se han visto sonoras discrepancias en el estudio del proyecto de ley que reglamenta la Ley Estatutaria de la JEP, es probable que aquel día haya expresiones fuertes. Y ojalá sea una ceremonia corta para evitar casos como el de la posesión de un Primer Mandatario cuando el Presidente del Senado se despachó con un discurso de tres horas para demorar la salida del anterior.
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