Aunque pueda parecer un discurso reiterativo para Cúcuta A.M., uno de los temas de fondo sigue siendo el mercado laboral; en ese sentido, desde Zambrano Asesores y Consultores se ha elaborado una serie de informes especiales que desnudan una realidad preocupante: con una informalidad del 62,8%, la ciudad no solo se ubica como la tercera más alta entre las principales áreas urbanas del país, sino que además se distancia en más de 20 puntos porcentuales del promedio de las 23 ciudades principales.
Cuando se cruza la informalidad con la cotización a pensión (apenas 21,5%), Cúcuta cae en el cuadrante más crítico del sistema urbano: alta precariedad laboral y baja protección social simultáneamente; es decir, no solo se trabaja mal, sino que se envejece desprotegido.
Mientras el país discute tasas agregadas, la geografía económica revela otra historia: el centro absorbe, la periferia expulsa. Bogotá, Medellín o Manizales operan cerca de una “frontera de eficiencia laboral”, donde el empleo es más formal y protegido. Cúcuta, en cambio, está al otro extremo: absorbe población, pero lo hace en condiciones de baja productividad, alta rotación y escasa estabilidad.
El segundo informe lo plantea con claridad: Cúcuta no enfrenta un choque coyuntural, sino una falla estructural de absorción laboral. La tasa de ocupación (53,9%) está por debajo del promedio urbano, mientras el desempleo alcanza 12,3%, casi tres puntos por encima del promedio; pero incluso ese dato se queda corto. El verdadero problema es que una parte creciente del empleo que se genera no es empleo en sentido pleno: es supervivencia. El 59,2% de los ocupados trabaja por cuenta propia, esto no es emprendimiento en el sentido schumpeteriano, es fragmentación productiva; es evidencia de una economía que no logra organizarse en estructuras empresariales capaces de generar empleo asalariado estable.
La estructura económica local está dominada por comercio y actividades de baja complejidad, altamente expuestas al ciclo fronterizo; más del 26% del empleo se concentra en comercio y reparación, un sector particularmente vulnerable a la informalidad y a los choques binacionales. La industria, aunque presente, no tiene la escala suficiente para liderar procesos de absorción laboral.
A esto se suma el “factor frontera”. La ciudad ha sido históricamente un espacio de ajuste: recibe población, absorbe migración, reacciona a cierres y aperturas, y se adapta mediante estrategias de corto plazo. El resultado es un mercado laboral flexible, sí, pero en el peor sentido del término: flexible para precarizar.
La evidencia incluso sugiere una trampa. Una década de divergencia muestra cómo Cúcuta se aleja progresivamente del promedio nacional, con una caída sostenida en su capacidad de generar empleo formal y una creciente dependencia del autoempleo. Es un ciclo que se retroalimenta: baja productividad, informalidad, baja protección, menor acumulación y persistencia de la baja productividad.
Romper esta trampa exige abandonar las respuestas tradicionales, el problema no se resuelve con crecimiento agregado ni con incentivos genéricos al emprendimiento y requiere una estrategia territorial deliberada.
Primero, hay que reconocer que no toda informalidad es igual. Cúcuta necesita una política de formalización en dos niveles: masiva y simplificada para micronegocios, pero también selectiva y orientada al escalamiento empresarial en sectores con potencial de encadenamiento; segundo, es indispensable intervenir el autoempleo, no como problema moral, sino como fenómeno económico: segmentarlo, financiarlo y conectarlo con mercados formales, y tercero, hay que entender que la política laboral en Cúcuta es, necesariamente, política fronteriza.
El mercado laboral de la ciudad no va a sanar por inercia macroeconómica, requiere cirugía estructural. Porque el verdadero problema no es que falte empleo, es que el sistema dejó de saber cómo crearlo bien.
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