Sin desconocer la independencia de las decisiones judiciales, sí es motivo de preocupación el observar la diferencia de condenas según algunos casos, lógicamente teniendo en cuenta que cada proceso es distinto. 

Como  exfuncionario de la Rama judicial toda la vida, se siente vergüenza, al observar los casos de corrupción que enlodan el buen nombre de muchos servidores la justicia. 

Grave, que se haya llegado a la investigación de varios expresidentes de la Corte Suprema, saliendo del centro de reclusión el doctor Ricaurte por vencimiento de términos, sin que se haya vuelto a oír nada de este espeluznante caso. Qué triste que la máxima cabeza de la jurisdicción ordinaria se haya visto involucrada en casos de corrupción, que preocupan a los magistrados honestos de la corporación, que son la mayoría. 

La Sala Especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenó a 9 años y seis meses y 12 días al doctor Gustavo Malo, exfuncionario de la misma, por el denominado Cartel de la Toga. Por Cohecho impropio y Prevaricato, a Prettel de la Constitucional se le impuso pena baja. 

Sin embargo, dos Magistrados de Cúcuta, fueron condenados a 21 y 22 años respectivamente aceptando el primero los hechos lo que de por si generaba menor condena. 

En Cúcuta se condenó un conjuez por el cartel del remate, a 11 años. 

Mirando los casos el primero de la Corte Suprema, los segundos Magistrados de Tribunal y el tercero Juez Civil Municipal, no se ve la proporcionalidad en las penas, cuando la connotación social y censura es mucho mayor en cabeza de la jurisdicción ordinaria, generando críticas severas y lo peor, se manchó el nombre de esa Corporación. 

La administración de justicia requiere una reforma seria y pronta, eliminando tantas  argucias para dilatar los procesos y generar la prescripción delos mismos. Pero  a su vez, se efectúan condenas magnánimas a  favor de los políticos con penas de 4, 5 o algo más, cuando se han apoderado de dineros del erario público, hecho censurable  premiado con detención domiciliaria. 

Recordemos que es el Congreso quien legisla, que hace las leyes, lo que debe ser examinado con lupa, pues, si se apoderan de altas sumas de dineros, salen a disfrutarlo después de purgar mínima parte de la condena,  de lo apropiado dolosamente. 

 Un país sin justicia carece realmente de democracia. 

A veces, se realizan capturas ilegales, lo que implica la orden de soltar al detenido por el juez, en clara aplicación de la normatividad; muy respetuosamente disiento de las cifras dadas en un noticiero nacional respecto a que casi el 40% de los capturados son soltados por los jueces, según la policía, afirmación que alegremente comparte la señora Alcaldesa de Bogotá colocando en tela de juicio la labor abnegada de muchos jueces que trabajan sin los medios idóneos para tratar de cumplir con la meta de adelantar y fallar los procesos adecuadamente, dado que las cifras reales debe darlas el Consejo Superior de la Judicatura.