Ecopetrol está atravesando serios problemas. Las decisiones gubernamentales de que no habrá más contratos de exploración de hidrocarburos y de suspender el fracking castigan el corazón mismo de su negocio. El año pasado disminuyeron un 42% sus utilidades. Y hay muchas dudas sobre su gobierno corporativo.
Una compañía petrolera que no busca aumentar sus reservas pierde su valor de manera inevitable. El mercado se pregunta, con razón, sobre la sostenibilidad de la empresa. El golpe ha sido brutal. En la Bolsa de Valores de Colombia, el 31 de mayo del 2022, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la acción de la petrolera valía $3.120. El viernes pasado cerró en $2.065. Una desvalorización del 34%. En Wall Street, el 31 de mayo del 2002, el ADR de Ecopetrol cotizaba a US$19,6 y el viernes a US$10,52, un desplome del 46,3%. Durante este gobierno, la compañía ha perdido casi la mitad de su valor. Con esa pérdida, somos muchos más pobres hoy que cuando empezó Petro.
En 2023, los ingresos de la empresa cayeron 10,28% y las ganancias 42,8%, aún más. Las utilidades de 19,1 billones son 14,3 billones menores que las de 22 y los dividendos disminuirán un 47%.
Más grave aún por lo que significa hacia futuro, las reservas probadas de Ecopetrol cayeron un 6,5%, a 1,881 millones de barriles. La vida media de cayó a 7,6 años. Y seguirá cayendo si no se hace más exploración. Por supuesto, en ocho años o menos no hay ninguna posibilidad de que se haya hecho la transición energética.
Para rematar, la gobernanza de la compañía está en crisis. Roa, su presidente, está siendo investigado por la violación de topes de la campaña de Petro. Y tiene en su espalda las dudas por la compra a un contratista de Ecopetrol de un lujosísimo apartamento muy por debajo del precio comercial. Y en la junta de la compañía hay una creciente tensión por el afán de Petro de incluir en ella a personas sin los conocimientos necesarios.
En medio de semejante escenario Roa ha anunciado que comprarán gas venezolano a partir del 2025 porque, dice, habrá desabastecimiento. Si tal cosa ocurre será responsabilidad del gobierno y su prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Como resaltó Ricardo Sierra, presidente de Celsia, esa prohibición trajo como consecuencia que no baje el precio de la energía. “Nos sale carísimo importar gas por cualquier frontera”, agregó.
El asunto es más grave y puede traer racionamientos porque es muy dudoso que Venezuela pueda suplir las necesidades colombianas. Hay un gasoducto transnacional que empezó a funcionar en 2007. A partir de ese año y hasta 2015 Colombia exportó gas al hermano país. Después Venezuela tenía que enviar gas de allá para acá. Nunca lo hizo. El gasoducto entró en desuso, hoy está inoperativo y necesita una millonaria inversión. Además, Venezuela tiene gravísimos problemas con su red interna y muchas áreas de ese país no tienen gas, de manera que es poco factible que puedan exportarnos cuando no son capaces de suplir su necesidades nacionales. Adicionalmente, Ecopetrol no podrá hacer ningún acuerdo con PDVSA si ello supone el riesgo de sanciones por parte de los EE.UU.
Finalmente, no tiene ningún sentido depender del capricho del régimen chavista. Los riesgos para la seguridad nacional serían altísimos. Colombia no puede renunciar a su soberanía energética ni mucho menos dejarla en manos de Maduro. El acuerdo anunciado por Roa para importar gas venezolano es muy mal negocio para el país. Pero puede ser uno muy bueno para algunos contratistas e intermediarios. En un gobierno lleno de pillos y negociados, habría que averiguar quiénes están detrás.
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