Las campañas presidenciales y legislativas ya comenzaron en Colombia. Gustavo Petro, con la misma estrategia que lo llevó al poder en 2022, ha decidido revivir las movilizaciones sociales como herramienta política. Pero esta vez, con un ingrediente adicional: una consulta popular que, lejos de ser un ejercicio legítimo de participación, es una cortina de humo para redirigir la narrativa política y fortalecer su proyecto electoral de 2026.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana regulado en el artículo 103 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 134 de 1994. Su propósito es permitir que el pueblo se pronuncie sobre asuntos de trascendencia nacional o territorial. Sin embargo, lo que propone Petro dista mucho de ser un verdadero ejercicio democrático.

Para que una consulta popular sea legítima, debe ser sobre un tema de interés general y no una plataforma de campaña, no puede usarse como un medio de presión sobre otras ramas del poder público y debe respetar la independencia y separación de poderes.

El presidente ha planteado esta consulta como un mecanismo para, supuestamente, destrabar las reformas que el Congreso no ha aprobado. Pero aquí hay un problema fundamental: el Congreso es un poder público independiente, y su función es debatir, modificar o rechazar proyectos según el interés general, no bajo presión de las calles.

Utilizar la consulta popular para forzar decisiones legislativas no solo desvirtúa su esencia, sino que sienta un precedente peligroso para la democracia.

Hace tres años, en 2021, Colombia vivió un estallido social que dejó cicatrices profundas. Jóvenes de la llamada "Primera Línea" salieron a marchar con la promesa de un cambio, pero lo que quedó fue un país más polarizado, una economía golpeada y cientos de víctimas de la violencia.

Hoy, Petro intenta reactivar esa misma narrativa: llamar al pueblo a las calles, no para exigir mejores condiciones de vida, sino para cimentar su discurso de victimización y culpar al Congreso y a la oposición de su propia falta de gobernabilidad. Este no es un ejercicio democrático, es una estrategia electoral bien calculada.

Los colombianos debemos abrir los ojos. ¿Cómo estamos en materia de seguridad? La violencia se ha desbordado en las regiones, el narcotráfico y los grupos armados han tomado más fuerza, y la ciudadanía se siente desprotegida. ¿Cómo estamos en materia económica? La inversión extranjera ha disminuido, el desempleo sigue siendo un problema estructural y el costo de vida se ha disparado.

¿Cómo estamos en infraestructura? Obras paralizadas, proyectos que no avanzan y un país que se estanca mientras el gobierno prefiere el ruido de las calles a la gestión real. ¿Cómo estamos en políticas públicas como salud, educación y lo laboral? La incertidumbre es la constante, las reformas no generan confianza y la inestabilidad ha marcado estos años de gobierno.

Reflexión: El 2026 está en nuestras manos, y esta vez no podemos permitir que un candidato de izquierda nos "meta los dedos a la boca" con discursos populistas. La democracia no se defiende en la calle con consultas amañadas, sino con instituciones fuertes y elecciones libres.

Marchar es un derecho, pero también debemos preguntarnos: ¿realmente buscamos soluciones o solo estamos participando en un espectáculo político diseñado para mantener un proyecto de poder?

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