Lo cierto es que se han producido muertes de la Policía Nacional y de los manifestantes, hecho preocupante, que ejercen un derecho propio de una oposición siempre y cuando sean pacíficas.
Pero, se impide el paso de ambulancias de personal médico, de insumos para la salud, como oxígeno, fármacos para diálisis y demás elementos requeridos en las UCI en época de pandemia por la COVID-19, así como se han realizado saqueos a fincas, criaderos de porcinos, falta de alimento para aves y ha generado desabastecimiento en el sur del país especialmente y gasolina con lo que encarecen el costo de vida.
Si hay violencia, terrorismo y vándalos, debe responder el Estado por medio de los entes encargados de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, lógicamente, con respuesta de la fuerza pública.
Así como se han abierto investigaciones por uso desmedido en algunos casos de la policía, deben castigarse también quienes han generado esos actos, figurando más de 400 venezolanos retenidos en esas actividades delincuencias como saqueos, como pasó en Chile, por fala de control estatal, a almacenes ajenos a la problemática, asfixiándolos, más la crisis por la pandemia. agresión a servidores públicos, tal como acaeció en el anterior paro, lo que indica que no son hechos aislados sino premeditados, fruto de una planeación desestabilizadora, que ha producido el cierre de empresas, actos que demuestran el interés de crear más pobreza, siendo cierto, que la gente ha entendido, lo que significa el socialismo y sus dirigentes, para evitar que el día de mañana estemos como Venezuela, como se refleja en los bloqueos a sitios estratégicos, debidamente establecidos, perjudicando a los campesinos que ven perder sus cosechas y deben venderlas a precios exiguos para no perder la totalidad de la inversión. Estos paros van en detrimento de las personas de menores recursos, campesinos, trabajadores urbanos y rurales que se están quedando sin fuente de ingresos, causando severo daño a la economía de ellos y del país. Increíble, esa actitud contra el pueblo.
La quema de buses afecta a los de menos ingresos, que han debido pagar sumas altas para llegar a sus sitios de trabajo y caminar de regreso por horas y reponerlos disminuye la inversión social.
No entiendo cómo se afecta a los más desprotegidos, por personas que ignoran la razón del paro, siendo explotados por personas que no se exponen y azuzan a los manifestantes, expresándose por el propio gobierno que reciben ayuda financiera de Maduro, para generar el caos. Esto afecta el derecho a la vida, a la movilidad, al trabajo y a la propiedad privada.
El Estado debe ser consciente que la corrupción nace de él, de la contratación, del manejo del dinero público, casos como Reficar, Odebrecht, adjudicación de vías, peajes ilimitados, compra de votos y que eso genera odio en los jóvenes que carecen de empleo y oportunidades de trabajo, por la inequidad social. O cambia el Estado o lo cambian.
