“Vuelve la burra al trigo”. Si la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sirvieran para algo, la corrupción disminuiría o se reduciría a menores proporciones como dijo un expresidente. Solo que la politiquería las tiene perdidas y les puso dueños en el Congreso de la República.

Cuenta mi paisano Oliverio Castellanos, que el jueves pasado 16 de abril en la mañana, el Concejo Municipal de Cúcuta intentó a la brava realizar el control político relativo a la concesión del aseo otorgada en 2017 a Veolia-Cúcuta, viciada de nulidad y que firmó a sabiendas el alcalde encargado Chelí Duarte.

El acucioso Oliverio, pide que sea la justicia quien se pronuncie sobre el “otro sí” de fecha 30 de marzo que prorroga la concesión por veinte años y que capturen y procesen a quienes lo aprobaron obrando con “dolo manifiesto”.

El secretario general de la Alcaldía, que al parecer no es abogado, pretendió bajarse del burro diciendo que su despacho no participó en la firma del “otro sí”. Ignora que en el área pública, la validez de los contratos va por una vía y la responsabilidad penal de los funcionarios va por otra. Las vainas de los arquitectos sentando jurisprudencia.

El jueves pasado dijimos que el asunto es de rigor y más fondo.

La obligación del rigor, significa precisión, exactitud, mucho análisis y coherencia porque se impacta una comunidad metropolitana de más de un millón de habitantes.

Por ello, el control político tiene tantos requisitos, entre ellos los previos, como los estudios que soportan todo contrato, lo cual es obvio, pues fundamentan los pliegos de condiciones, el objeto, la necesidad de la licencia y el diseño, el riesgo y ejecución de la construcción, la selección del contratista, el ajuste a la ley y al Decreto 399 de 2021. 

Efectivamente, en lugar de tantas vueltas y revueltas, si de institucionalizar el municipio como lo pregona Jorge Acevedo, pues que vaya al grano saneando todas las concesiones domiciliarias viciadas de nulidad; agua, aseo y tratamiento de residuos, energía, tránsito y zonas de parqueo.

Por ejemplo, la “Autorización” del contrato de concesión del aseo que firmó con Veolia el alcalde encargado Chelí Duarte en 2017 estaba vencida seis meses antes y, sin embargo, a sabiendas lo hizo cometiendo un delito. Procede la captura y la iniciación de las diligencias procesales.

El asunto es de más fondo, si recuerdan que desde el año 2000 que se firmó el contrato de 0618 de concesión de servicio de aseo con la empresa Aseo Urbano (del grupo Veolia), el municipio contrató ocho interventorías entre 2001 y 2008, pagadas con recursos del presupuesto municipal. 

A partir del 2009 y hasta el 2013 decidió prescindir de la interventoría y delegó la función de supervisión del contrato a la Secretaría de Hacienda; en 2014 la supervisión pasó a la EIS- empresa industrial y comercial hasta el 2016, y entre 2017 y 2019 la supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Desenredar este galimatías es tener rigor, algo interesante que debe afrontar Acevedo si quiere Institucionalizar el municipio de Cúcuta y obviamente le vamos a ayudar. La corrupción casi siempre entra por los “otro sí”.

Adenda: “No hay peor ciego, que el que no desea ver”. Refranero popular.

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