La última noticia es que ahora el 28 de marzo que pasó, hubo sesión plenaria de control político, con asistencia del subsecretario de Planeación del municipio de Cúcuta, Dhykarlo Urbina, e inexplicablemente de la gente del área metropolitana de Barranquilla.
Descubrieron, ¡vaya hallazgo!, que los reajustes son desproporcionados frente a la pobreza fronteriza Táchira- N de S que nos llegó con el COVID-19 y el Decreto 458 de 2020.
Nunca les pasó por “el magín” que en Colombia país de regiones y subregiones, una situación es la del departamento del Atlántico, Bolívar, Cesar y La Guajira y otra la de Norte de Santander - Arauca.
Tampoco descubrieron el problema ético, que indicaba los requisitos de los estudios previos de la zona binacional y sus tres puentes y el entorno diferente de cada uno de ellos en tan corta distancia.
Tampoco nuestra densidad poblacional de solo 700 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sencillamente copiaron y adoptaron a pie de letra la “conurbanización” de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia con 3.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Absolutamente diferentes en su idiosincrasia y toponimia.
Si no hubo estudios previos ¿cómo es que los concejales se quejan de falta de claridad? ¿Cómo es que se quejan que no hubo debido proceso? ¿Cómo es que no se hizo el ajuste para toda la ciudad, sino por segmentos?
¿Cómo es que no se analizaron los efectos negativos a la comunidad, elevando precios a la canasta familiar?
¿De dónde acá don Dhykarlo, los incrementos del área metropolitana de Cúcuta obedecen a que es idéntica a la que Barranquilla tuvo en cuenta?
O afirmar con tranquilidad pasmosa ¿que, a ojo de buen cubero, que los predios habitacionales sin modificaciones no pasaron de 100%?
Como se ve, esas ligerezas dicen que no hay rigor, ni seriedad, máxime cuando confiesa que las omisiones culposas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) desde hace trece años y desde del municipio justifiquen el atropello.
La Ley 2294 de 2023 ordena que la actualización es inmediata y no necesariamente de unas simples operaciones aritméticas y suposiciones de costos de construcción actual, perifoneo y volantes, cosa que tampoco es seria.
En estos escenarios ¿para qué sirven la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República? ¿las departamentales y municipales y la Defensoría del Pueblo? Para nada.
El asunto es de más fondo y pierden su tiempo realizando paros cívicos; Doña Tatiana Muñoz con su Catastro equitativo, Fenalco y los concejales de la zona nororiental de Colombia en esta frontera con Venezuela, de la cordillera andina, con vecinos tan diferentes como los taciturnos Boyacenses, los ariscos santandereanos y los nómadas llaneros de Apure y Arauca y los costeños mediterráneos del Cesar.
Adenda: “Dura lex, sed lex” . Dura es la ley, pero es la ley.
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