Parecía que los colombianos habíamos superado el miedo de vivir en un país peligroso, pero cada día surgen hechos que atemorizan a los ciudadanos de bien asediados por amenazas ante las cuales se sienten inermes.
Se trata de aspectos de la vida ordinaria, no de situaciones excepcionales. No estamos refiriéndonos a viajes a la profundidad de las selvas; ni de incursiones nocturnas a barrios desconocidos; ni la visita a locales de prostitución o consumo de drogas. ¡No!
Son las actividades habituales como caminar por las calles de cualquier población donde acechan los ladrones de teléfonos celulares, los malhechores que despojan al ciudadano de su dinero, los atacantes de menores, los agresores con ácido.
Es la angustia de realizar operaciones bancarias en las que no se sabe si los fleteros actúan con la complicidad de los empleados; es tomar un taxi con el temor de caer en un paseo millonario, o de utilizar un cajero automático ante el peligro de la clonación de las tarjetas.
Aún peor, es preocuparse porque asaltantes armados lleguen a cualquier hora del día a saquear viviendas y locales comerciales; que delincuentes secuestren a estudiantes a la salida del colegio; que se roben los vehículos a la luz del día, o los desvalijen en la espera de un semáforo. Hay susto por ser víctima de las extorsiones que acosan a comerciantes y finqueros de muchas zonas del país.
Y si algo faltare, hay miedo de acudir a las autoridades porque no es raro que funcionarios encargados de recibir las quejas extorsionen al demandante.
Hay miedo de comprar medicinas, que son falsificadas en cantidades alarmantes, lo mismo que hacer compras por internet porque pueden ser saqueadas las cuentas bancarias.
Se está generando temor por la amenaza de reformas legales para aumentar los impuestos, especialmente el del IVA, con el fin de tapar el enorme hueco fiscal existente.
Los ciudadanos debemos salir a responder por las acciones oficiales de las que no habíamos tenido mayores noticias.
Hay motivos mucho más graves para sentir desasosiego como son las actuaciones de los encargados de impartir justicia: Ya no es secreta la existencia de verdaderas mafias dentro de la rama jurisdiccional que cobran por sus decisiones; que usan testigos falsos para lo que se necesite; que implican a cualquiera por razones políticas o económicas mientras los más peligrosos delincuentes compran beneficios judiciales con peligro evidente para la sociedad.
Es decir, en ese mundo incomprensible los criminales viven más a gusto que los ciudadanos desprevenidos, que pueden llegar a ser reos de delitos ficticios de la noche a la mañana.