El sector eléctrico colombiano ha estado dotado de buen un marco institucional y regulatorio, mejor que el de otros países y superior a los de otros sectores. Actualmente es el escenario de una severa controversia. Los empresarios consumidores que no pertenecen al círculo de influencia de Antioquia Inc. dicen estar afectados por altos precios de energía que no les permiten ser competitivos. Destacados líderes industriales que en el pasado ocuparon posiciones de liderazgo en el sector empresarial de ese departamento les achacan a los hidro generadores de electricidad parte de la culpa y alegan que utilizan prácticas monopólicas en la generación y en la utilización del agua.
Otros le atribuyen gran parte de la culpa a la transmisión. Argumentan que el problema es que el modelo que maneja la CREG, el ente regulador, le atribuye costos de capital a ISA que son superiores a los que se le deberían reconocer porque los activos de esta compañía ya están depreciados y el costo de sustitución de muchos de ellos es inferior al original. Algo parecido se dice en el caso de los distribuidores. Hay mucha presión a favor de que se rebajen las tasas de retorno del patrimonio o de los activos.Otro factor que ha entrado en juego es la manera como está organizado el mercado donde se fijan los precios. Ofrece a ejecutivos imprudentes de las empresas consumidoras estímulos para que compren su energía en “bolsa” cuando deberían hacerlo con contratos de suministro de largo plazo.
En las últimas semanas se ha reunido el gobierno en presencia del Presidente con representantes de los tres niveles de prestación del servicio eléctrico, y con las empresas consumidoras de energía y sus agremiaciones, de las que han surgido propuestas e ideas que pueden resolver uno de los problemas, varios de ellos, o ninguno, pero que amenazan comprometer la independencia del esquema regulatorio e institucional del sector y su integridad técnica.
Seguramente hay razones para que el gobierno intervenga y fórmulas para mejorar la eficiencia del sistema y promover mayor competencia. Pero esto debe hacerse sin arruinar las empresas que prestan el servicio y sin debilitar a la CREG. Un conocido banco de inversión ha realizado un estudio del posible impacto de medidas orientadas a reducir el retorno del capital o de los activos de esas empresas, y concluye que las fórmulas que se están “socializando” pondrían en peligro su estabilidad financiera. Otros informes que circulan muestran datos comparativos que sugieren que las tarifas en Colombia están dentro del rango normal del mercado internacional, pero varios expertos consultados creen que si hay campo para reducirlas y para aumentar la competencia. Advierten sin embargo que esto requiere un análisis minucioso de los costos, de los activos y de las prácticas empresariales en el sector y que se debe empoderar a la CREG para que genere las soluciones. El ministro Tomás Gonzalez conoce bien el sector y no ha dejado hacer estupideces. En efecto, ya ha logrado detener algunas de ellas. Debería aprovechar el momento para volver a traer a la firma inglesa que concibió el marco institucional vigente, que se ha debilitado con el tiempo, para que ayude a revisar y a ajustar ese marco y los modelos con los que cuenta.
