El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño anunció este sábado que acudirá de manera inmediata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que la Fiscalía General de la Nación advirtió como un plan de la Segunda Marquetalia para asesinar a los fiscales e investigadores que llevan el caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá, y para solicitar la adopción de medidas cautelares urgentes que protejan la vida y la integridad de quienes investigan el crimen.

En una carta, Uribe Londoño advirtió que el país enfrenta una doble amenaza: el crimen en sí mismo —al que calificó como "un magnicidio, un crimen de lesa humanidad"— y el intento de silenciar a quienes trabajan por esclarecerlo. "A esto se suma información pública sobre ofrecimientos millonarios para atentar contra sus vidas", señaló, al tiempo que rechazó cualquier interpretación ambigua sobre la naturaleza del grupo armado involucrado: "La Segunda Marquetalia es un actor criminal, y estamos en presencia de un intento de silenciar la justicia".

El precandidato exigió que la Fiscalía refuerce "de manera inmediata y efectiva la seguridad de todos los fiscales e investigadores, así como la de sus familias", con un argumento que elevó la dimensión del caso más allá del proceso judicial: "Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones".

Uribe Londoño remarcó que corresponde al Estado garantizar que "la justicia no sea intimidada ni derrotada por los criminales de la Segunda Marquetalia" y precisó que la CIDH ya viene monitoreando este caso, razón por la cual la solicitud de medidas cautelares busca proteger no solo la vida de los funcionarios, sino también "el normal desarrollo de la administración de justicia".

El anuncio llega en medio de avances significativos en la investigación. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reveló en entrevista con Blu Radio la metodología que permitió desmantelar la hipótesis inicial de que el crimen era obra de un único menor de edad actuando de forma aislada.

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"Empezamos por rastrear ubicaciones de las personas que estaban en una escena de crimen a través de sus teléfonos celulares, a donde marcaban las antenas y de quién eran esos teléfonos", explicó la fiscal, quien añadió que la investigación continuó con "interceptaciones telefónicas, análisis de datos y rutas de dinero" hasta identificar tanto a los ejecutores como a quienes ordenaron el magnicidio.

La Fiscalía confirmó que tiene rastreado el dinero utilizado para el crimen —entregado en territorio colombiano—, lo que descartó, por el momento, la participación de actores externos a la organización de la Segunda Marquetalia. La suma ofrecida por el asesinato del senador rondó los 1.000 millones de pesos, según informó el ente investigador.

Con nueve meses de investigación y nueve personas judicializadas —tres de ellas ya condenadas mediante preacuerdos—, la Fiscalía vinculó directamente a la cúpula de la Segunda Marquetalia con el magnicidio. Alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever son señalados como los presuntos determinadores, conclusión que, según Camargo, no descansa en testimonios aislados sino en "una serie de evidencias periféricas" que confirman comunicaciones sostenidas entre la cúpula y los ejecutores materiales.

La motivación del crimen también quedó establecida por el ente investigador: el objetivo del grupo armado era generar "un escenario de inestabilidad política de cara a un proceso electoral", aprovechando la condición de precandidato presidencial que tenía Uribe Turbay al momento del ataque.

Entre los capturados figura Kendry Téllez Álvarez, señalado como el principal articulador del plan criminal, quien habría coordinado la planeación, financiación y ejecución del atentado y establecido contacto con los ejecutores. También fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio. Durante la audiencia, Pérez Marroquín pidió perdón a los allegados de la víctima: "Aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, un padre y un esposo", declaró ante el estrado.

Con los presuntos determinadores presumiblemente refugiados en Venezuela, la Fiscalía activó todos los mecanismos de cooperación internacional disponibles. "La orden de captura viene con una solicitud a Interpol. Interpol, por supuesto, está en Venezuela", señaló Camargo, quien también anunció que se recurrirá a las relaciones bilaterales: "Tenemos que activar los canales diplomáticos porque nosotros mantenemos relaciones con nuestros pares en Venezuela; contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano también para ubicar a estas personas".

Frente a los rumores sobre la supuesta muerte del 'Zarco Aldinever' —reportado como abatido por el Eln en 2025— y sobre el deteriorado estado de salud de Iván Márquez, Camargo rechazó cualquier especulación sin respaldo físico: "No tenemos cadáver, no tenemos evidencia del enfrentamiento, no tenemos lugar, no tenemos datos y pues seríamos, creo yo, muy ingenuos creer en una versión así porque sí", sentenció.

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