El representante a la Cámara y senador electo por el Pacto Histórico David Racero acudió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por su presunta vinculación con el delito de concusión en el denominado caso Fruver.

Racero rechazó los señalamientos de que ha intentado dilatar el proceso en su contra y exigió evitar que el expediente se utilice con fines electorales o mediáticos.

Una postura que asumió tras la reciente decisión del Consejo de Estado que mantuvo su investidura al desestimar la validez probatoria de los mensajes de WhatsApp que lo acusaban de exigir dinero a los trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Antes de ingresar al alto tribunal, el legislador fijó su posición frente a las críticas que rodean el expediente y señaló que su intención nunca consistió en evadir las responsabilidades legales ante las instituciones, pues indicó que “no quiero politizar en ningún escenario la investigación del Consejo de Estado y mucho menos en la Corte Suprema”.

Frente a los cuestionamientos sobre el tiempo que tomó su llamado a los estrados judiciales, el dirigente defendió la actuación de su equipo de abogados y reiteró su disposición para esclarecer los señalamientos de manera transparente, bajo el argumento de que “nos hemos prestado para rendir cuentas y no hemos dilatado el proceso”.

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En medio de sus declaraciones, el congresista reveló que su propia defensa propició el inicio de la indagación penal con el objetivo de demostrar su inocencia, mientras que, al ser consultado sobre las grabaciones en las que una persona de su círculo lo salpicó con el cobro irregular de dineros, esquivó el debate sobre la veracidad de esos archivos y concluyó que esa controversia “es justamente lo que está en investigación”.

El antecedente disciplinario y la prueba técnica

La comparecencia ante la justicia penal ocurrió semanas después de que el Consejo de Estado salvó la curul de Racero, tras concluir que las pruebas aportadas para demostrar una presunta destinación indebida de dineros públicos en un negocio particular resultaron insuficientes.

Durante ese litigio, el congresista aceptó “expresa e inequívocamente” que fue propietario del establecimiento comercial tipo tienda de barrio durante la pandemia entre 2020 y 2021, pero la Sala Especial de Decisión resolvió que no existió certeza de que el funcionario Jhon Leonardo García Lara, adscrito a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), administró dicho negocio por orden suya.

El tribunal contencioso basó su decisión en la imposibilidad técnica de verificar la autenticidad de los chats y audios publicados por la prensa, ya que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) advirtió que las capturas de pantalla carecían de valor por tratarse de “reproducciones” susceptibles de manipulación sin dejar trazabilidad forense.

Ante la falta de los dispositivos celulares originales o de una extracción certificada, los magistrados aplicaron la duda a favor del parlamentario y descartaron que los desplazamientos del subalterno constituyeran un desvío de recursos públicos.

Tras esa primera victoria, que el presidente, Gustavo Petro, calificó como el fin de una “inmensa campaña mediática de desprestigio”, Racero anunció medidas legales contra la oposición por tildarlo de explotador laboral.

Sin embargo, el panorama en la Corte Suprema de Justicia plantea un escenario distinto, ya que en el proceso por concusión e interés indebido en la celebración de contratos, la Sala de Instrucción cuenta con facultades plenas de policía judicial para recolectar, exigir y peritar sus propias evidencias, lo que dejó el futuro de su proceso en manos de la jurisdicción ordinaria.

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