Rodolfo Hernández acaba de ser inhabilitado 14 años por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control logró probar que el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial tuvo un “interés indebido” en el caso Vitalogic.
Con esta decisión, el Ministerio Público sancionó en primera instancia por hechos de corrupción al hombre que obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales.
La decisión de la Procuraduría se tomó “al encontrar probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”. Todo eso mientras era alcalde de Bucaramanga en el período 2016 y 2019.
Así las cosas, el excandidato presidencial quedaría destituido e inhabilitado para ocupar cualquier cargo público hasta el año 2037. Pese a que la decisión es un duro golpe político, la sanción todavía no frenaría la aspiración de Hernández a la Gobernación de Santander.
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Esto último teniendo en cuenta que el excandidato presidencial puede apelar la decisión y la segunda instancia se surtiría ante el Consejo de Estado. Si Hernández apela, que es lo más posible, la sanción quedaría suspendida mientras el alto tribunal estudia el caso y decide de fondo.
El expediente por corrupción
El contrato que tiene a Hernández respondiendo ante la justicia desde hace varios años se firmó en julio de 2016 entre José Manuel Barrera Arias, quien en su momento fungía como gerente de Empresa Municipal de aseo de Bucaramanga (EMAB) y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.
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Tenía un costo inicial de $344 millones y se ejecutaría en el manejo de desechos del relleno sanitario El Carrasco, en Bucaramanga, con una duración de hasta tres décadas.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los líos de corrupción se dieron cuando el entonces alcalde de Bucaramanga citó a Barrera, quien era su subalterno, para que le entregara el contrato a Alarcón.
Con ese objetivo, el hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, habría acordado repartir coimas entre los firmantes del contrato para que fuera otorgado a la firma Vitalogic RSU. Por ahora, el excandidato presidencial no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría.
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