El Gobierno reglamentó esta semana la obligación que tienen todas las entidades del Estado de incluir a las personas con discapacidad, en el sistema de compras públicas y abrirles espacios de participación en la contratación estatal.

La decisión quedó plasmada en el decreto 0287 de marzo de 2026, con el cual dispuso los lineamientos para garantizar este derecho y de acuerdo con Cristóbal Padilla, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, entidad que lideró la expedición del decreto.

"Las medidas contenidas en la norma apuntan a cumplir con el mandato de ley que le impone al Estado el deber de fomentar las fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad", expresó Padilla.

A partir de ahora, los proveedores del Estado que participen en procesos de licitación pública o concurso de méritos deberán emplear a estas personas de acuerdo con sus capacidades productivas. De la misma forma se promueve la participación directa de las empresas y emprendimientos de estas personas.

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 Para el director de Colombia Compra Eficiente, el decreto también establece que las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación y los patrimonios autónomos constituidos por estas, y los particulares que ejecuten recursos públicos deberán incorporar en los contratos que celebren criterios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los bienes, obras y servicios a contratar.

Los mismos tienen que ser publicados en los estudios y documentos previos, a partir de las normas legales, reglamentarias y técnicas que resulten aplicables, procurando la mayor cobertura posible de las categorías de discapacidad definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En los casos que no se identifiquen normas legales, reglamentarias y técnicas que resulten aplicables, la entidad estatal deberá fijar una ficha técnica con criterios de accesibilidad aplicables de acuerdo con sus estudios y documentos previos.

La entidad recordó que en Colombia hay más de 1’300.000 personas con discapacidad y según el DANE, casi la mitad de esta población se ubica en el rango de edad entre 15 años y 59 años.

Por último, Colombia Compra Eficiente realizará seguimiento a la aplicación de la medida, con el propósito de evaluar su adopción, pertinencia e impacto en la promoción de oportunidades contractuales para personas con discapacidad.

Deberá además consolidar la información registrada por las entidades estatales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), cuando estas informen que un contrato de prestación de servicios corresponde a la aplicación voluntaria de la medida afirmativa. Con base en dicha información, elaborará el reporte anual de seguimiento.

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