Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso histórico al imputar a seis exjefes de la extinta guerrilla de las FARC, señalados como “máximos responsables” de graves crímenes contra miles de menores durante el conflicto armado.

Los antiguos comandantes están acusados de reclutar de manera forzada a cerca de 18.000 niños y niñas, así como de cometer otros delitos de violencia sexual, especialmente contra menores indígenas y afrodescendientes.

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Entre los imputados se encuentran figuras clave como Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” y actual líder del partido Comunes, así como Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, hoy congresista. Por lo que la imputación marca un hito en la justicia transicional de Colombia.

Nacida como parte del Acuerdo de Paz, la JEP plantea un modelo de justicia transicional en el que se prioriza la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos. En lugar de castigos estrictamente punitivos. Por lo que el tribunal ofrece a quienes colaboren con información, penas alternativas a la cárcel.

Sin embargo, los crímenes imputados en este caso son de los más graves que el tribunal de paz ha investigado hasta la fecha. La JEP responsabiliza a los antiguos líderes de las FARC por el reclutamiento y abuso de miles de menores de edad, algunos de los cuales siguen desaparecidos. Este caso busca también esclarecer la violencia sexual que padecieron al menos 135 menores, algunos obligados a abortar o a someterse a métodos anticonceptivos sin su consentimiento.

Para juzgar estos casos, el tribunal dividió a los comparecientes en dos grupos, uno en donde se encuentra el 90% de los excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, quienes no tuvieron una participación determinante en la comisión de estos graves crímenes. Y otro 10% donde se encuentran los máximos responsables, como es este caso.

En el caso de los máximos responsables, la JEP considera necesario que acepten su responsabilidad por los crímenes cometidos, y estos serán juzgados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde serán sancionados con una sanción propia, que podría implicar la privación de la libertad.

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Las penas que podrían recibir los imputados, de ser hallados culpables, han generado un gran debate. La JEP ofrece la posibilidad de penas restaurativas en vez de cárcel, para quienes no son máximos responsables, pero en el caso de los exjefes guerrilleros el caso puede ser distinto y podrían ser sancionados con penas de 5 a 20 años de prisión.

En lo que puede ser leído como un intento de cumplir con los requisitos de la JEP, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, se pronunció en la red social X reconociendo que los crímenes imputados “no debieron haber ocurrido” y manifestando el compromiso de su partido con “la no repetición y la reconciliación”.

Para los familiares y víctimas de estos crímenes, las sanciones alternativas no siempre se perciben como un castigo suficiente. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han expresado su expectativa de que el proceso avance con transparencia y que las sanciones reflejen la gravedad de los crímenes.

La JEP, por su parte, ha sido clara en su enfoque: la prioridad es evitar que estos crímenes se repitan y reconstruir el tejido social, a través de un modelo de justicia que reconozca el dolor de las víctimas y, al mismo tiempo, facilite la reconciliación. La magistrada Lily Rueda ha señalado que esta imputación es “un paso importante para que la verdad salga a la luz y se logre la reparación integral de quienes sufrieron los abusos”.

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