El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó el acuerdo de Escazú que fortalece la protección a defensores ambientales, así como de pueblos étnicos y contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales.

Este acuerdo lo sanciona justamente antes de partir a Egipto para la COP27, una de las cumbres ambientales más importantes que se realizan a nivel mundial y liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró en su momento que era un triunfo de la juventud, “esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”.

Entre las prioridades que tendrá el Acuerdo de Escazú está garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del sector.

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“Esta es una ley vital para la ciudadanía de Colombia y lo hemos hecho en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, resaltó Susana Muhamad.

Con la aprobación y ratificación, Colombia avanza en la articulación con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo.

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En ese sentido, la ministra Muhamad señaló que se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo planteadas por el Gobierno Nacional:

-Políticas de manejo de información ambiental:
-Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales
-Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales
-Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas
-Un sistema de información sobre conflictividad socioambiental

Con el acuerdo de Escazú, se convierte en el segunda ley que sanciona el presidente Petro, tras el proyecto de paz total firmado el viernes en horas de la noche.

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