La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de nulidad, interpuesto por las defensas de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, contra la acusación que enfrentan por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, en el marco del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión ratifica su llamado a juicio formal, al tiempo que decreta un nuevo paquete de pruebas testimoniales para esclarecer las rutas financieras y los sobornos presuntamente entregados a cambio de impulsar las reformas del Gobierno.

El debate judicial se centró en los cuestionamientos presentados por los abogados de los ex congresistas, quienes actualmente permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, tras interponer una seguidilla de recursos legales contra la orden de medida de aseguramiento.

El equipo legal del expresidente de la Cámara de Representantes detalló que la estructura probatoria del caso "se funda en presuntamente haber recibido de Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Ungrd, la suma de 1.000 millones de pesos con la finalidad de asegurar la supervivencia y aprobación del trámite legislativo de los proyectos de reforma pensional y de la salud", dinero que supuestamente se entregó directamente en el apartamento de Calle en Montería.

Para desvirtuar esta acusación, que la representación legal del congresista catalogó como una retaliación directa de Olmedo López, luego de que fuera citado a un debate de control político, la defensa argumentó que Sneyder Pinilla realizó una transacción encubierta mediante el uso de criptomonedas, con el propósito de no trasladar los billetes físicamente desde Bogotá.

Esta operación digital, según el abogado del exlegislador, "no fue esclarecida durante la etapa de instrucción, pese a que su participación constituye un eslabón esencial en la hipótesis formulada".

Asimismo, el jurista cuestionó el principio de oportunidad firmado por el exsubdirector de la entidad, pues aseguró que "el deber de colaboración de Pinilla Álvarez [...] implicaba una obligación legal de entregar toda la información relacionada con los hechos que lo vincularan con su representado", advirtiendo que un testimonio fragmentado impide conocer integralmente la verdad procesal.

Nuevos testimonios y audiencia preparatoria

Frente a estos reclamos, la Sala de Primera Instancia rechazó anular las actuaciones, pero el magistrado Jorge Emilio Caldas consideró procedente avalar las citaciones al advertir que "las facultades de defensa y la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción no se extinguen al cierre de instrucción".

Con esta determinación, el alto tribunal ordenó escuchar nuevamente las versiones de los ex directivos López y Pinilla, además de convocar al exasistente de Calle, Juan David García, y a la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, figuras clave en la distribución del capital irregular.

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La práctica de estos interrogatorios se desarrollará de forma paralela a las diligencias inminentes, pues el despacho del magistrado Caldas fijó un cronograma inmodificable mediante un auto judicial donde ordenó: "A efectos de llevar a cabo la Audiencia Preparatoria prevista en el artículo 401 de la Ley 600 del 2000, dentro del proveído seguido en contra de Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, fíjese el jueves 5 de marzo a partir de las 2:15 pm".

El documento, avalado por el secretario Rodrigo Ernesto Ortega, explicó que la sesión "se realizará de manera virtual" y precisó que durante ese encuentro "no se realizará práctica probatoria alguna".

La ruta de los $4.000 millones y las bolsas de basura

El acervo probatorio de la Corte Suprema trazó una ruta criminal que demostró cómo los sobornos iniciales se fondearon con un préstamo particular otorgado por Pedro José Castro Espinoza, quien entregó $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla, bajo un interés del 2,3 por ciento.

El prestamista relató a las autoridades que el capital fluyó en tres entregas entre el 11 y el 13 de octubre de 2023, utilizando un maletín deportivo y fajos empacados en bolsas de basura oscuras durante reuniones clandestinas realizadas en su residencia, en el parqueadero de la Plaza España y en inmediaciones de Unicentro, donde Pinilla reclamó un faltante de $50 millones.

El expediente documentó que el botín se dividió con "1.000 millones para Andrés Calle y 3.000 para Iván Name", recursos que operaron como "producto de sobornos precisamente para el trámite de las reformas" y que "habían venido de contratos de manera irregular".

Las entregas para el entonces presidente del Senado ocurrieron en el Hotel Tequendama Suites, a través de Sandra Ortiz, quien llevó el dinero al apartamento del político, mientras que Calle recibió su porción el 14 de octubre en Córdoba, cita que Pinilla coordinó a través de un chat donde le indicó: "El director me mandó para reunirme contigo. Me dices donde puedo reunirme contigo a esa hora. En un sitio. Algo reservado por favor".

Finalmente, el alto tribunal comprobó que el préstamo privado a Castro Espinoza se canceló en enero de 2024, utilizando el anticipo del contrato direccionado de la Ungrd para la compra de 40 carrotanques inoperantes destinados a La Guajira.

Tras analizar el cruce de cuentas, la Corte concluyó que los políticos acusados "conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres", un dictamen contundente que garantizó la permanencia del delito de peculado, pese a que la Procuraduría pidió tumbarlo, bajo el argumento de que los fondos originales provenían de un privado.

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