El Ministerio de Salud le envió a la Corte Constitucional un documento de respuesta pidiendo claridades sobre la orden que emitió el pasado 28 de enero respecto a la insuficiencia y a la urgencia de reajuste de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que los gobiernos le entregan a las entidades promotoras de salud (EPS) mensualmente para que garanticen la atención en salud de sus afiliados.
El alto tribunal declaró que la unidad de 2024 no alcanzaba para cubrir la demanda de servicios de salud que tuvieron las aseguradoras y que el ministerio debía reajustarla para los próximos años, incluido 2025.
En el documento de 50 páginas —firmado por el director jurídico (e) de esa cartera, Rodolfo Salas—, el ministerio insiste en que el alto tribunal tomó esa determinación sin contar con las pruebas suficientes y que lo hizo hasta sin sustento técnico.
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Respecto a la orden de la Corte sobre crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), las EPS, las IPS, pacientes y asociaciones de académicos, el MinSalud pidió aclarar el funcionamiento, dirección y decisiones de estas porque, a su juicio, “el tribunal no fue claro” en lo ordenado en el auto.
Vale recordar que la manera de calcular la UPC se hace teniendo en cuenta datos como la inflación anual y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la frecuencia de uso de las EPS (número de veces que la gente va al médico) y el costo de medicamentos, servicios y tecnología en salud. Ante esto, el ministerio expuso en su comunicación que esto puede causar problemas en la contabilidad y en el presupuesto, debido a que no podría —según ellos— hacer el cálculo con suficiente anticipación; además, pregunta si debe hacer pagos de años anteriores a las EPS teniendo en cuenta el reajuste ordenado.
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En el cierre de la carta —dirigida a los magistrados que componen la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008— el ministerio recalcó que las ordenes del alto tribunal pueden afectar el funcionamiento del sistema de salud y hasta ocasionar conflictos legales entre las entidades del sector.
Vale recordar que el auto de la Corte en cuestión señaló que el incremento de la UPC para 2024 no alcanzaba para cubrir la demanda de atención en salud que tuvieron las aseguradoras en ese año. Una pelea que también llevaban dando dos años académicos, expertos en salud e investigadores independientes.
Así mismo, le ordenó al Ministerio de Salud hacer mesas de concertación para determinar el ajuste de esa unidad y se reforme la metodología que se usa para calcularla en los próximos años, incluido 2025, año para el cual esa cartera definió un ajuste del 5,36 %.
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