Las disidencias de Iván Mordisco habían anunciado el inicio del protocolo para la liberación de los nueve contratistas de la Secretaría de Gobierno del Cauca que fueron secuestrados la semana pasada, sin embargo, horas después del anuncio, dicho proceso de canceló.

Los insurgentes justificaron su decisión en una supuesta presencia de militares en la zona donde estas personas serían liberadas, pues que no hubiera presencia de uniformados del Ejército en la zona era una de las condiciones para el regreso a la libertad de los contratistas.

Ante lo sucedido y teniendo en cuenta que las familias de estos contratistas aún los esperan sanos y salvos se le preguntó al ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, si se ha pensado en un operativo militar para rescatar a estas personas.

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“No estamos habilitados para adelantar una operación de rescate porque pondría en grave riesgo la seguridad y la integridad de los secuestrados”, declaró ante micrófonos de La FM el general Sánchez, argumentando que una acción militar pondría en riesgo la vida de los contratistas.

El ministro también resaltó que desde las Fuerzas Militares se han dado “todas las garantías” para la liberación de estas personas. “Esperamos que tengan un sentido humanitario, si es que lo tienen, y liberen a esos nueve colombianos”, recalcó ante el mismo medio el funcionario.

Por ahora aún la comunidad caucana sigue esperando por la libertad de los contratistas secuestrados en López de Micay el pasado jueves, 17 de julio, por el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.

Para la liberación de los trabajadores, los insurgentes habían publicado un comunicado con varias exigencias entre las cuales destacaba dejar de financiar las Fuerzas Militares, esto haciendo referencia al contrato firmado desde la Secretaría de Gobierno para destinar 4.120 millones de pesos para fortalecer necesidades del Ejército Nacional.

Otra exigencia de las disidencias es que la Gobernación del Cauca le informe al Ministerio de Defensa sobre unas supuestas alianzas entre Fuerzas Militares, el ELN y grupos paramilitares. La zona donde se iban a liberar a los contratistas debía estar limpia de presencia militar en un período de 72 horas.

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