La disminución del 50% en el precio del Soat para 14 tipos de vehículos, que fue anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, podría poner en jaque el presupuesto destinado para las EPS y el Sistema de Salud.

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El tema es muy técnico pero, en resumidas cuentas, se traduce en que múltiples costos que antes eran asumidos por las aseguradoras ahora pasarán a ser responsabilidad del Estado y, por ende, presionará aún más la asignación presupuestal para las EPS, que se han quejado de recortes constantes que, según ellas, pondrían en riesgo no solo a esas entidades, sino al sistema de salud completo.

El experto Johnataan García, magíster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, lo explica de manera sencilla: “Con la disminución del precio del Soat, las aseguradoras no iban a estar dispuestas a seguir pagando lo mismo por accidentalidad, y lo mismo las EPS, que no iban a aceptar pagar un valor que antes le correspondía a las aseguradoras. Ahí fue donde entró el Gobierno y dijo que él asumiría esos costos, pagando desde el fondo de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES”, un punto sensible, porque justo de esa entidad sale todo el dinero para pagar la salud.

Antes de la reducción del Soat, las aseguradoras estaban encargadas de pagar por accidentalidad hasta 800 salarios mínimos diarios. Con la merma, esos vehículos que tuvieron un 50% de reducción en el precio del Soat ya solo estarán cubiertos hasta 300 salarios mínimos diarios. Lo demás, equivalente a 500 salarios, lo asumiría el Gobierno, en caso de que el paciente lo requiera.

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Una medida costosa

Hasta ahí, la medida no suena tan dramática, pero hay que traducirla a cifras. Según ha reconocido Petro, esos pagos a través de la ADRES podrían costar alrededor de 2 billones de pesos anuales, una millonaria suma que saldría del total de recursos que se asignaron para las EPS y que, además, había sido criticada por múltiples sectores por tratarse de un monto inferior al que se esperaba (ver Paréntesis).

Para entender ese contexto hay que remitirse a una polémica anterior de la ministra de Salud, Carolina Corcho. A finales de 2022, ella dijo que requería un aumento del 12% en la asignación presupuestal para las EPS, una medida que sorprendió al sector, porque la anterior administración había dicho que era necesario, por lo menos, un aumento del 14 al 16%.

La petición de Corcho, entonces, era extraña, pues significaba que una ministra estaba pidiendo para su cartera un porcentaje inferior al estimado, cuando generalmente ocurre al revés: los mandatarios piden más presupuesto para que les den al menos buena parte.

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Así las cosas, Corcho ha alimentado cada vez más uno de los argumentos por los que más la critican: que, supuestamente, pretende llevar a las EPS a su límite para poder liquidarlas y modificar el funcionamiento del Sistema de Salud, un plan que está dentro de la lista del Gobierno Petro.

De hecho, este lunes la agremiación de las EPS Acemi también aseguró que el Gobierno les debe más de $ 2,6 billones, lo que está afectando la atención a los pacientes.

Por ahora el Gobierno ha defendido la reducción del 50% del precio del Soat insistiendo en que muchos más colombianos adquirirán el seguro considerando que está a la mitad del precio.

“Esa sería la única forma de que la medida funcione, pues habría más recursos para subsidiar ese dinero que deja de entrar. Aún así, me parece peligroso llegar a final de año complicando aún más las finanzas del Sistema de Salud, cuando debería ser al contrario y dedicarle más dinero a ese sector”, concluyó García.

Fuente: El Colombiano

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