El Congreso aprobó, en segundo debate, un proyecto de ley para regular el consumo del cannabis en Colombia. La iniciativa requiere de ocho debates en total para convertirse en ley.
La medida busca liberar aún más el uso del cannabis en el país, pues desde el año 1994 la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-221 que el porte y el consumo de drogas son acciones que se dan en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de la persona, y que no deben ser penalizadas.
Hoy en Colombia no es delito que una persona lleve consigo la dosis personal de marihuana (20 gramos), incluso una persona podría portar más de la dosis mínima si es para su uso personal, ya que, en concepto de la Corte, el delito sería si estas sustancias van a ser comercializadas.
Ahora, la nueva iniciativa aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes, con 105 votos a favor y 33 en contra, permitiría adquirir la sustancia de manera legal en un mercado regulado. Es decir, los usuarios de cannabis no tendrían de adquirirla de manera escondida.
“Si el consumo está permitido, toca regular el mercado como un paso necesario para reducir los riesgos asociados con el consumo. Venta y consumo son actividades inescindibles, pues no puede existir la segunda sin la primera”, dijo el autor del proyecto, el representante Juan Carlos Losada.
De acuerdo con Losada, el mercado controlado permite determinar cómo, quién, dónde y qué se consume, permitiendo alejar a los menores de edad y población en riesgo de cualquier tipo de consumo y facilita la implementación de políticas de reducción de riesgos y control de daños.
Así mismo, para enfrentar un potencial problema de salud pública que podría conllevar el consumo de drogas, el Acto Legislativo contempla la creación de una política pública estricta para la prevención y atención del consumo del cannabis y la creación de una estrategia educativa nacional integral en colegios sobre las consecuencias del consumo.
En cuanto al problema de seguridad pública, la nueva iniciativa pretende desestimular los mercados ilegales de narcotráfico y reducir gradualmente el índice de otros delitos relacionados.
“Es solo a través de la regulación como le vamos a hacer frente al problema delincuencial que genera la ilegalidad, sólo a través de la regulación vamos a ser capaces de hacerle frente a la máquina de guerra de los jíbaros y de los narcotraficantes”, explicó Losada.
Según un estudio de la Alcaldía de Bogotá, realizado en el año 2021 con 4.000 personas usuarias de cannabis, el mercado ilegal ocupa cerca del 50 % del total de la adquisición, el otro 50 % se divide en partes iguales entre autocultivo individual, autocultivo colectivo y obsequios.
El estudio también mostró que la comunidad cannábica en la capital del país es, en su mayoría, soltera, profesional, trabajadora, universitaria y aporta al sistema de salud. Además, la encuesta detalló que el 58 % consumen con fin recreativo, el 20 % con fines medicinales, el 16 % con fines espirituales y el 6 % sin ningún fin.
Impactos sociales
Para Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en términos generales el proyecto contiene los componentes necesarios para una adecuada regulación, como reducción del daño y recaudo de impuestos dirigidos a los asuntos de prevención. “Es urgente que Colombia se mueva con la regulación”, dijo.
Según explica, en primer lugar la aprobación del proyecto significaría una seguridad jurídica para los usuarios frente a su consumo personal.
“Hoy un usuario de drogas no tiene seguridad jurídica a pesar de la dosis personal, porque la sustancia se sigue entendiendo como prohibida y eso es lo que ha dado pie para que otros gobiernos, como por ejemplo la administración pasada con el Código de Policía, obligara a que la Policía hiciera recogida de usuarios de drogas en los parques”, explicó Rueda.
Otro impacto del proyecto estaría relacionado con la salud pública, según señala, es muy deseable que una persona sepa exactamente qué contiene la sustancia que consume y de esa forma la persona puede autorregular su consumo.
“En el momento en que ese producto sea normalizado en el mercado, el usuario tiene acceso a información. Eso es algo que no tienen en este momento las personas que hace uso cualquiera tipo de droga y por eso los problemas de salud pública”, dice.
En relación con ello, el proyecto de ley, en discusión, impacta la forma como la sociedad percibe a las personas consumidoras de la planta.
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“La estigmatización va a tener que bajar, porque es precisamente la estigmatización del usuario de cannabis y de otras drogas, lo que los distancia de los servicios sociales”, dice la investigadora.
Rueda señala que así como otras sustancias del mercado, como el alcohol o el cigarrillo, la eventual ley debe tener en cuenta las desventajas de la regulación del cannabis.
“En otras experiencias que ha habido de regulación, por ejemplo en Estados Unidos, es clarísimo que las empresas empiezan a generar publicidad y mecanismos para aumentar el consumo, como ocurría antes con el cigarrillo”, agrega.
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