Las últimas asambleas generales de profesores y estudiantes dejaron en evidencia que la Universidad de Antioquia no está en su mejor momento. Hay malestar —pero también preocupación— por dos de los problemas más duros que enfrenta hoy la institución. Por un lado, la crítica situación financiera —a 2023 el desfinanciamiento ascendía a $348.095 millones por aportes de Ley 30—, que ya causó retrasos en el pago de salarios y demostró que los recursos no son suficientes para los gastos de funcionamiento. Por otro, la emergencia por violencias basadas en género y las denuncias sobre poca celeridad para atender los casos cuando se presentan las quejas disciplinarias.

La cosa es tan seria que docentes y estudiantes están en asamblea permanente y hablando en la escena pública estos asuntos. Aunque en días recientes ambos temas se han cruzado en pasillos, salones, auditorios y redes sociales, el mal tiempo que atraviesa el alma mater de los antioqueños ha mostrado síntomas desde los últimos meses, con mayor ruido durante la campaña para la designación del rector 2024-2027, que resultó en la reelección de John Jairo Arboleda Céspedes.

Él empezó en abril su tercer periodo con una presión más alta que nunca para que gestione recursos y procesos que permitan encontrar soluciones que algunos creen debió anticipar en sus dos periodos pasados para mitigar lo que hoy está pasando.

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Desfinanciada y con déficit

El viernes 24 de mayo a las 9:00 a.m., con el auditorio del Edificio de Extensión lleno, se realizó la primera asamblea general de profesores enfocada en conocer detalles del estado financiero de la U. de A. La expectativa era que les explicaran el porqué del retraso en el pago de la primera quincena de mayo, algo que según dicen no sucedía hace por lo menos 50 años.

El lunes 20 de mayo, el personal recibió un comunicado según el cual el pago no sería ese día como es habitual, sino que se tardaría, pero se haría esa misma semana.

“Esta situación es consecuencia del estado de liquidez actual de la universidad, derivado de los pagos y transferencias que recibe periódicamente la institución”, señalaron en la comunicación, que empezó a generar especulaciones sobre un posible déficit financiero y la pregunta de si había retrasos en las transferencias de los gobiernos nacional y departamental.

Ese día, la pregunta por los estados financieros empezó a moverse en la comunidad universitaria y algunos filtraron la carta a los medios de comunicación. Varias personas pidieron respuestas y la Gobernación de Antioquia salió al paso comunicando que estaba al día con las transferencias y que desde 2003 hay un acuerdo de pago para las deudas acumuladas por muchos años que se sigue y se seguirá cumpliendo.

Entonces, los profesores convocaron al vicerrector general Elmer Gaviria a la asamblea general el 24 de mayo para que dijera qué pasaba, porque Arboleda estaba de viaje misional. Era el último día de la semana, no les habían pagado y el vicerrector, en la reunión, les dijo que ya no podía dar una fecha tentativa de pago.

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De explicación en explicación conocieron un panorama financiero desalentador: no hay flujo de caja, no hay forma de hacer traslados de recursos para pagar nómina, los ingresos no alcanzan para los gastos de funcionamiento, la universidad está desfinanciada y evalúan un plan de austeridad que muchos dijeron estar viviendo hace tiempo ya.

Gaviria dijo que el costo de nómina representa más del 80% de los recursos que reciben de los gobiernos nacional y departamental. En 2023, con un presupuesto de casi $1,4 billones —incluidos recursos propios— los gastos de personal fueron de $680.000 millones. Para 2024 el presupuesto es de $1,9 billones, pero el costo de la nómina sube.

Los recursos de la U. de A. los aportan en un 44% entre el gobierno nacional —da el 94% de ese 44%— y el departamental —pone entre el 4% y el 5% de ese 44%—. Más del 50% son propios, generados por grupos de investigación, convenios interadministrativos o educación continua, entre otros.

Pero la situación es mucho más compleja. Sumado a que no hay flujo de caja, tampoco tienen cómo mover recursos de un lado para otro y en los últimos cuatro años se han endeudado en tres ocasiones para capital de trabajo: un crédito en 2020 por $36.345 millones, otro en 2021 por $30.000 millones y uno más en 2023 por $43.000 millones.

Además, en los últimos años han gastado del fondo patrimonial, al que habían ingresado $70.000 millones para apalancar con su rentabilidad recursos de funcionamiento. Gaviria aseguró en la asamblea que Mauricio Alviar —rector 2015-2018— habría solicitado $10.000 millones y Arboleda, $50.000 millones, por efectos de la pandemia.

Así que no se pueden hacer nuevos créditos de tesorería ni usar recursos del fondo patrimonial, tampoco hay mucha maniobra para vender bienes que recibieron en pago de la Gobernación de Antioquia para saldar deudas acumuladas en el tiempo y que se destinaron a obtener recursos para apalancar los proyectos.

Esto ha llevado a que en los últimos días crecieran las críticas a Arboleda, muchos consideran que hay cierta “ineficiencia administrativa” en la gestión de recursos y que desde años pasados se pudieron preparar para la crítica situación que viven hoy. Además, ven con malos ojos que no haya comunicado la situación con claridad de forma pública y solo se hiciera por la coyuntura con la nómina.

El vicerrector defendió la gestión del equipo rectoral ante los docentes y afirmó que llevan seis años diciendo que los ingresos son insuficientes. Pidió tener en cuenta que la pandemia significó solo en un año $150.000 millones menos para gastos de funcionamiento, pero no hubo despidos.

Por otro lado, algunos hablan de un crecimiento misional desbordado, en 2023 se tuvo el aumento de gastos de funcionamiento más alto de los últimos 14 años (ver gráfico). Y un profesor dijo que en promedio un estudiante de pregrado —hay más de 35.000— le cuesta a la de Antioquia $11 millones, de los cuales debe poner unos $3 millones de recursos propios.

La cosa está más crítica todavía porque han disminuido los ingresos de este tipo. Solo por poner un ejemplo, en comparación con 2023, tienen $40.000 millones menos en contratación por convenios interadministrativos, asesorías o auditorías con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín; Gaviria aseguró que pasaron de 118 a 73 contratos en un año.

Aunque el pasado lunes el Ministerio de Educación comunicó que también estaba al día con las transferencias de 2024, Gaviria había dicho tres días antes que la fragilidad de la caja empeoraba porque en esa fecha no habían ingresado del gobierno nacional $20.000 millones por concurrencia de pensiones, $9.000 millones por cobertura y $14.000 millones de puntos adicionales.

Y los recursos que transfieren para financiar la universidad aparte de que son insuficientes no suben al ritmo del IPC y el incremento del costo de vida. En 2023 la universidad cerró con déficit de $60.000 millones, según Gaviria. Pero muchos piensan que los condicionantes externos no eximen a las directivas de la universidad y que debe haber una autoevaluación seria. Por ello, quieren ayudar a construir el plan de austeridad para mitigar la crisis financiera.

Medidas como revisar horas de docentes que son a la vez vinculados y de cátedra; disminuir costos en viáticos, seguridad, aseo y cafetería; hacer uso racional del agua y la energía; o reducir gastos de papelería, publicidad y bienes institucionales fueron propuestas para analizar y se han tratado en asambleas y reuniones recientes.

Muchos docentes dijeron que la austeridad hace tiempo es pan de cada día y contaron que trabajan con las uñas: encontrar un marcador con tinta es difícil; deben sacar de su bolsillo para comprar implementos de clase o para los refrigerios de eventos; y hacen ventas o rifas para financiar viajes académicos de estudiantes.

Se preguntan cómo ahorrar en papelería si tienen las impresoras y las fotocopiadoras de algunas facultades en mal estado. Asimismo, cuestionaron si el equipo rectoral es austero en viáticos, papelería, cafetería, vehículos, entre otros aspectos, a lo que Gaviria respondió que también harán revisiones al respecto.

Urgencia por violencias basadas en género

La otra revisión que es urgente que haga la institución y que tiene los ánimos cada vez más caldeados son los casos de violencias sexuales, acoso y otro tipo de agresiones principalmente a mujeres estudiantes y profesoras, así como el funcionamiento del protocolo para atenderlos y que muchos creen insuficiente. Al inicio de la asamblea del 24 de mayo varios estudiantes llamaron la atención por el silencio de la mayoría de docentes ante estos hechos y que califican de “cómplice”.

Los estudiantes les dijeron que es hora de que hagan un rechazo contundente, de forma pública a estos hechos, aún cuando sean algunos colegas los señalados como presuntos acosadores.

Les recordaron que para ese momento llevaban una semana en asamblea permanente y más días aún alzando la voz contra el acoso, incluido el sexual, y los resultados insuficientes en su atención, pese a que la universidad cuenta con la ruta violeta específicamente para tratar estos casos.

La situación estalló hace algunas semanas en la Facultad de Ciencias Exactas y se encendió tras la denuncia de la profesora de astronomía Lauren Flor Torres, quien lleva más de un año víctima de acoso de un estudiante con presuntos hostigamientos, malos tratos y amenazas a ella y a su círculo académico cercano. Esto reavivó otras denuncias en las que los presuntos agresores son profesores o compañeros de las víctimas.

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Empapelaron varios bloques del campus central porque se quejan de la poca celeridad en la atención de los casos cuando llegan a la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) que tiene el equipo 3 para investigar exclusivamente estos hechos. Además, las medidas que se toman revictimizan y afectan a las víctimas, como cuando les piden que dicten o tomen clases virtuales, lo que debería ser impuesto a los presuntos agresores.

El vicerrector general ha mantenido la postura de que este es un problema estructural de la sociedad y no solo de la U. de A. y resaltó que el protocolo ha permitido visibilizar y atender los casos. Desde 2019 son casi 610 denuncias, por lo menos 100 son de 2024.

La protesta de los estudiantes en la asamblea del viernes no duró más de media hora, pero fue suficiente para que algunos docentes hicieran eco del mensaje y propusieran una asamblea, ya convocada para mañana, para tratar exclusivamente ese tema. El reto es que los maestros asistan tan masivamente como lo hacen para buscar respuestas financieras y de nómina.

Estos dos hechos han sido coyunturales en los últimos días, pero a la U. de A. la rodean otras críticas a la gestión de Arboleda, como falta de regulación de los usos del espacio del campus, como las ventas informales, pero también otras más álgidas como la venta de estupefacientes dentro de la institución.

Sobre lo primero, Arboleda ha dicho que han evitado el crecimiento que se viene dando desde 2014 a la par del aumento de la población universitaria de la sede central; sobre el segundo dijo que compete a las autoridades pertinentes.

Lo cierto es que la discusión de estos temas evidenció otro rumor que ha hecho carrera desde las campañas designación rectoral: el temor de muchos a hablar en voz alta. “Es mejor abstenerse de criticar la gestión de Arboleda por lo tensos que quedaron los ánimos en el proceso de designación en el que casi se le cae la reelección”, dijo una fuente.

En la asamblea general las críticas a la situación de la universidad fueron más severas sin la presencia del vicerrector, lo que incluso llevó a que un profesor reflexionara al respecto. “Queda en el ambiente que cuando ellos están no podemos expresarnos de manera constructiva y sincera, no estamos peleando dos bandos, es que somos los mismos”, dijo a sus colegas.

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La mala hora que atraviesa la institución se da en medio del ruido por las relaciones entre el rector y el gobernador Andrés Julián Rendón —presidente del Consejo Superior Universitario (CSU)— en especial por precedentes como el hecho de que el mandatario haya roto la tradición para hacer público su descontento con la reelección, pues la candidata que apoyó era Natalia Gaviria.

A esto se suman las dudas que dejó el acto de posesión de Arboleda, el pasado 15 de abril, que pasó prácticamente inadvertido, sin medios de comunicación ni discursos. Muchos creen que las relaciones con el Departamento vienen tensas desde el debate reciente por el número de semestres que tardan los estudiantes en terminar las carreras.

Esto sin duda es para muchos un desafío en la búsqueda de soluciones articuladas, entre el gobierno nacional, el departamental y hasta la Alcaldía de Medellín, que creen deben contribuir para sacar a la institución del embrollo financiero y de los otros problemas.

Tal como lo publicaron en un comunicado desde Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), se mantienen en asamblea permanente y además de la asamblea general de mañana sobre violencias basadas en género tienen otra el próximo jueves 6 de junio.

Activaron una mesa especial de análisis de financiamiento de la universidad en la que participan con sus representantes, pues creen que todos deben ser parte activa en el manejo de la situación. Igual lo creen los estudiantes que luchan contra las violencias basadas en género.

Con información de El Colombiano*

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