Las presuntas gabelas jurídicas que ha recibido en los últimos tiempos Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, tienen en la mira disciplinaria a los juzgados que han tramitado tal expediente penal.

Camargo Ríos, también apodado el Pablo Escobar de Bucaramanga, se fugó de una urbanización ubicada en El Poblado, en el suroriente de Medellín, donde se encontraba por el beneficio de una medida de detención domiciliaria.

La situación produjo el rechazo de las autoridades de Bucaramanga y Medellín en contra de los jueces encargados de su proceso, por considerar que fueron permisivos con una persona que se ha evadido 14 veces de su libertad condicionada.

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En medio de ese escándalo, salió de nuevo a flote una investigación preliminar adelantada por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, iniciada el pasado 1 de octubre, para determinar si en el caso de Pichi hubo fallas disciplinarias por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, que lo absolvió por múltiples delitos, y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de la misma ciudad, que lo había beneficiado con detención domiciliaria.

La jueza segunda penal del circuito especializado de Bucaramanga, quien estuvo frente al caso, es María Piedad Díaz Mateus, la hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

La sentencia que absolvió a Pichi

La jueza, en una sentencia proferida el pasado 24 de julio (CUI 68001-6000-000-2021-00279), absolvió a Pichi por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Los asesinatos en cuestión ocurrieron hace cuatro años en el marco de una disputa entre bandas criminales de Bucaramanga, y las víctimas fueron Jeison Callejas (Peroles) y Marlon Rugeles, el 4 de abril de 2020; así como Sergio Silva Sánchez (El Alemán), el 6 de julio siguiente; Néstor Moreno Rondón (Barbas), el 10 de julio; y Jefferson Delgado Rincón (Máscara), el 2 de octubre de 2020.

Dentro de su exposición, la jueza indicó que la Fiscalía no presentó evidencias suficientes para sustentar las acusaciones.

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“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, reza la sentencia.

Frente a la fuga de Pichi, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que no tiene nada que ver con la decisión de la jueza María Piedad Díaz Mateus, su hermana.

El gobernador aclaró que ni siquiera conocía que su hermana estaba al frente del caso y dijo que en su departamento se ha enfrentado a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.

Se habían enviado siete alertas: Minjusticia

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió a la polémica judicial por la fuga de Óscar Camargo Arias, alias Pichi.

Señaló que toda la culpa fue del juez que ordenó esta decisión, puesto que el Inpec había enviado varias alertas sobre una posible fuga.

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“El Gobierno lo que pone de presente es que el Inpec había lanzado siete alertas y no se le había revocado la detención domiciliaria a Pichi. El Inpec no puede retener o devolver al centro carcelario a una persona si no tiene la orden de un juez que revoca la detención domiciliaria. Esta llegó hoy a las 8 de la mañana”, indicó la ministra.

La jefe de la cartera de Justicia reiteró que si el juez no revocaba la decisión de la detención domicilia, el Inpec no podía detener a nadie.

Asimismo, expresó su preocupación sobre cómo se dieron los hechos tras la decisión judicial, ya que “la filtración es un tema muy grave porque hizo alerta para que esta persona haya hecho lo que hizo. Entonces, ¿quién filtró la decisión de revocatoria de ayer que no se había conocido?”.

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