La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) explicó este miércoles que el Estado colombiano ha otorgado más de once mil amnistías a personas que fueron combatientes de la extinta guerrilla de las FARC.
El dato oficial es de 9.600 amnistías brindadas por nueve decretos presidenciales, donde 1.409 de ellas fueron entregadas por la justicia ordinaria entre la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y la entrada en vigor de la JEP, en 2017, y 600 otorgadas por la Sala de Amnistía o Indulto.
Otty Patiño, alto comisionado para la paz, fue el encargado de darle los nueve decretos al antiguo secretariado de la guerrilla, en cabeza de Rodrigo Londoño Echeverri, en medio de un acto simbólico adelantado en las instalaciones de la Jurisdicción.
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Los delitos por los que recibieron las amnistías, de acuerdo con lo que explicó el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, son los llamados delitos políticos, como rebelión, sedición y asonada.
Otros crímenes, de acuerdo con Vidal, no pueden recibir ese beneficio jurídico, debido a que el mismo Estado tiene la obligación, incluso internacional, de investigar y juzgar, como el secuestro, la esclavitud o tortura.
Por ejemplo, Rodrigo Londoño, el último comandante que tuvo el grupo subversivo, recibió este miércoles su decreto de amnistía de parte del comisionado Patiño, pero debe seguir respondiendo a la JEP por los crímenes de guerra y lesa humanidad de los que es máximo responsable.
“Hemos depurado la información sobre 14.099 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como firmantes del Acuerdo y hemos determinado que 12.105 se encuentran en proceso de reincorporación”, informó el magistrado.
Sin embargo, las situaciones jurídicas de varios de los reincorporados no se veían resueltas, según expresó en el acto público Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Por ello, la comunicación de las amnistías es un paso clave.
La presidenta de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción, la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, destacó que las 9.600 amnistías fueron las “situaciones más fáciles o sencillas”, pues la gran mayoría eran de personas que pertenecieron a la guerrilla y no tenían juicios.
“Aún esta Sala tiene por resolver varias solicitudes. En el último recuento, a diciembre de 2023, históricamente a la Sala se le habían repartido 7.635 solicitudes de beneficios, de las cuales 1.948 se encuentran pendientes”, agregó Sandoval.
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El dato de amnistías pendientes se ha convertido en las últimas semanas en un reproche por parte del antiguo secretariado del grupo antes ilegal. Rodrigo Londoño reiteró sus reparos al sistema de justicia transicional, frente al que dijo que hay un “descarrilamiento”.
“Se ha querido vender la idea, a la sociedad colombiana e internacional, de que buscamos exculparnos. Eso no es cierto”, aseguró el jefe del partido Comunes justo antes de recibir el documento con el que el Gobierno ratifica su amnistía.
Según Londoño, los procesos en la JEP se “complejizan” hasta el punto de generar “inseguridad jurídica” para firmantes de paz. Eso se demuestra, según el excombatiente, en que la Jurisdicción ha concedido 600 solicitudes de amnistías mientras ha negado 3484.
La magistrada Sandoval, no obstante, aclaró que el número de rechazos puede deberse a tres motivos: personas que no estuvieron acreditadas como integrantes de las Farc, crímenes no amnistiables o delitos no relacionados con el conflicto armado.
Tras el acto de comunicación, la Agencia de Reincorporación se comprometió a informar directamente a quienes fueron firmantes de paz. La Sala de Amnistía, por su parte, viajará a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación para el mismo fin.
Asimismo, la JEP habilitó una plataforma digital para que cada excombatiente pueda verificar su decreto. Más allá de la amnistía, cada persona citada por la Jurisdicción o por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas deberá atender.
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