La Presidencia de la República publicó nuevamente la hoja de vida de Cielo Rusinque en el portal oficial de aspirantes a cargos públicos, trámite que, de acuerdo con el procedimiento vigente, antecede a su eventual designación como superintendente de Industria y Comercio (SIC), cargo del que se alejó luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento al concluir que no acreditaba los requisitos exigidos por la ley para ocupar esa jefatura.

El 5 de marzo de 2026, dos semanas antes del fallo del Consejo de Estado, el Gobierno expidió el Decreto 0226, que modificó las condiciones de formación y experiencia exigidas para ocupar la jefatura de la SIC, reemplazando los requisitos que regían desde el Decreto 1083 de 2015.

Bajo el nuevo marco normativo, basta con ser profesional, tener una maestría y seis años de experiencia relacionada, o contar con una especialización y siete años de trayectoria afín, condiciones que encajan con el perfil de Rusinque.

El 19 de marzo de 2026, la Sala Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto con el que Rusinque había sido designada superintendente, al determinar que carecía de un título de posgrado en áreas afines a las funciones del cargo, exigido por el Decreto 1083 de 2015.

La funcionaria argumentó que contaba con un título obtenido en el exterior y un máster en Ciencia Política de la Universidad Paris II Panthéon-Assas, en Francia, pero el tribunal concluyó que ninguno de los dos era idóneo. El primero, porque no estaba acreditado que equivaliera a un posgrado en Colombia; el segundo, porque la ciencia política no guarda afinidad con las funciones de vigilancia, control de mercados y protección al consumidor que ejerce la Superintendencia.

El alto tribunal precisó además que, aun tratándose de un empleo de libre nombramiento y remoción, los requisitos fijados en la ley para acceder al cargo deben cumplirse de manera estricta.

El fallo generó una reacción inmediata del presidente, Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión del Consejo de Estado. "El fallo contra Cielo no solo insulta las instituciones académicas más legítimas del mundo sino que se da para que la Superintendencia de Industria y Comercio no sea independiente de los vigilados poderosos", señaló el mandatario.

Lea aquí: Revelan la ruta de escape de Iván Mordisco y sus escondites en la selva

Por su parte, Rusinque defendió la validez de su título. "No se trata únicamente de un documento académico, sino de un acto formal investido de presunción de legitimidad, cuya autoridad descansa en la tradición, el rigor y el reconocimiento de una de las más altas casas de estudio del derecho", sostuvo en sus redes sociales.

Pese a esa defensa pública, Rusinque presentó su renuncia, que Petro aceptó mediante el Decreto 322 de 2026, en el que designó a Diego Solano como superintendente encargado. Solano, quien se desempeñaba como asesor de despacho de la saliente funcionaria, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial, y magíster de la Universidad de Boston en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales.

La eventual vuelta de Rusinque a la SIC se da en medio de una sanción de la Procuraduría General de la Nación a 16 funcionarios y contratistas de esa superintendencia por presuntas irregularidades cometidas en 2024, durante inspecciones a la Registraduría Nacional y a la Cancillería, en el marco de investigaciones sobre los procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons.

Según el Ministerio Público, en esas diligencias se accedió y extrajo información de equipos institucionales y personales, incluyendo datos del censo electoral de la nación, historiales clínicos privados y registros amparados por reserva legal, que no tenían relación con los contratos investigados. El fallo disciplinario impuso la principal sanción al entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, con una suspensión e inhabilidad de 12 meses, mientras que varios contratistas recibieron multas y una inhabilidad de cinco años para contratar con el Estado.

Frente a esas sanciones, Rusinque, aún en el cargo en ese momento, expresó su "apoyo irrestricto" a los sancionados y calificó la decisión del Ministerio Público de "arbitraria" contra funcionarios que "simplemente estaban cumpliendo con su función legal y constitucional".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.