La Fiscalía General de la Nación ordenó restringir toda coordinación sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay a reuniones dentro de sus propias instalaciones. La decisión se tomó luego de que el presidente, Gustavo Petro, incorporara a altos funcionarios como los directores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un Puesto de Mando Unificado (PMU), originalmente instalado en la Policía Metropolitana de Bogotá para seguir el caso.

La entidad señaló que la investigación por el atentado ocurrido el pasado 7 de junio es reservada y está siendo adelantada por equipos designados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía, bajo la supervisión directa del nivel central de la Fiscalía.

En este sentido, explicó que la inclusión de funcionarios externos desnaturalizó el objetivo del PMU, razón por la cual se instruyó que toda actividad de seguimiento se realice bajo su control exclusivo.

“Desde ayer, toda reunión de coordinación y seguimiento del caso se realice con quienes llevan a cabo las tareas en nuestras instalaciones”, indicó el comunicado difundido este miércoles.

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La Fiscalía también se refirió a la propuesta del presidente Petro de permitir una comisión internacional de las Naciones Unidas para investigar no solo el atentado contra Uribe Turbay, sino otros crímenes contra líderes políticos y sociales. En respuesta, concluyó que el organismo tiene la legitimidad, solidez institucional y capacidades operativas para adelantar el proceso, y recordó que los hechos ocurrieron hace apenas cinco días, tiempo en el cual ya se ha recolectado evidencia clave.

Agregó que, a diferencia de los casos que motivaron una comisión en Guatemala, la Fiscalía colombiana no enfrenta circunstancias similares y continúa su labor en medio de un contexto político polarizado, que ha derivado en cuestionamientos desde distintos sectores.

El ente investigador expresó su rechazo a la filtración de pruebas y a la difusión de hipótesis sin sustento, al advertir que estas afectan la integridad del proceso y obstaculizan el trabajo judicial. También aclaró que la grabación a la que hizo referencia el presidente Petro en Cali corresponde a un audio entre particulares, recibido por la Fiscalía como parte de una nueva indagación, la cual se mantiene bajo reserva.

Finalmente, invitó a otras instituciones, medios de comunicación, actores sociales y ciudadanos a aportar datos o evidencias que puedan contribuir a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

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