De acuerdo con los organizadores, desde Barranquilla solicitaron una prórroga para poder cumplir con el contrato. Por eso pidieron como últimos plazos el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024 para desembolsar recursos que habían comprometido a Panam Sports. Sin embargo, cumplida esa primera prórroga, el dinero nunca llegó.
La versión de Astrid Bibiana Rodríguez, actual ministra del Deporte, es que ella misma se comunicó con la presidencia de Panam Sports para notificarle que el desembolso de los 8 millones de dólares –las dos mitades del pago– ocurriría en el transcurso del mes de enero de 2024. Argumentó que la cartera tenía dificultades para desembolsar la primera parte del pago en la vigencia de 2023.
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Ante estos hechos, la Contraloría pidió al Gobierno Nacional y a la alcaldía de Barranquilla que retome los diálogos con la institución deportiva para tratar de recuperar la sede y, con ello, no perder el desembolso de 2,2 millones de dólares que el Estado ya le giró como anticipo a Panam Sports.
“Hoy esos recursos se encuentran en riesgo de pérdida y por ende de un posible daño fiscal, si no se concreta la realización de las justas en Colombia”, señaló el Vicecontralor (e) en funciones de Contralor General de la República, Luis Enrique Abadía García.
La tarea ahora será de las partes comprometidas en el contrato –el ministerio del Deporte, el departamento del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y el Comité Olímpico Colombiano– de reconquistar a Panam Sports para que Colombia no pierda la posibilidad de albergar los Juegos Panamericanos, justas deportivas que solo son superadas a nivel mundial por los Juegos Olímpicos.
Entretanto, en el Congreso de la República alistan debates de control político para que la ministra del Deporte explique por qué dejó ir la sede de los Juegos. En la Procuraduría también solicitaron lo propio a la funcionaria Rodríguez.
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