Dos informes presentados en menos de 24 horas y apoyados por la ONU desestabilizaron las relaciones diplomáticas entre el Gobierno colombiano y esa organización durante este miércoles.
En bloque, funcionarios y políticos salieron a defender a la Policía Nacional tras la conclusión –entregada por Naciones Unidas– de que la institución fue responsable del asesinato de 28 civiles durante el paro nacional de este año.
Los reproches vinieron desde el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y pasaron hasta por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, y el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
“Nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado”, dijo el presidente Duque refiriéndose a que, según él, no le corresponde a este tipo de entidades investigar quiénes son los responsables de los hechos, si no a la Fiscalía y a la Procuraduría, que actualmente investigan los presuntos abusos policiales en las marchas de 2020 y 2021.
El mensaje, que se dio sin hacer alusión directa al informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, fue pronunciado este miércoles por el mandatario durante una ceremonia de ascensos de la Policía. Allí, volvió a defender a los suyos diciendo que “prejuzgar (...) es en sí mismo es un ataque a la institución”.
En ese contexto, la canciller sugirió que funcionarios de la ONU están haciendo activismo político y le “exigió” a las Naciones Unidas que presente todos los informes “por los canales correspondientes”, y que se encargue de hacer observaciones sobre las víctimas, y no sobre los posibles responsables.
De todos modos, en la noche de este lunes la Cancillería emitió un comunicado donde afirmó que “condena cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales” y que el Gobierno Duque ha emprendido acciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Los detonantes
Los dos informes que fracturaron la relación entre la ONU y el Gobierno son independientes entre sí, pero tienen el mismo objetivo: describir los abusos policiales durante las manifestaciones de 2020 y 2021.
El primero –que además es el más criticado por el Gobierno– fue presentado por la Alcaldía de Bogotá como un estudio independiente y liderado por el exdefensor del Pueblo y candidato al Congreso Carlos Negret con la asesoría de la ONU.
En ese documento, de 182 páginas, los investigadores concluyeron que durante las marchas del 9 y 10 de septiembre de 2020 hubo una “masacre” en Bogotá por parte de la institución, que concluyó con la muerte de 14 civiles.
En este punto, los funcionarios tacharon el informe de “politiquero”, pues –el mismo día que se reveló– se supo que Negret aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo.
Por otro lado, y ya en un tono más conciliador, el nuevo informe de la ONU –que fue publicado en la mañana de este miércoles– registró 60 casos de abuso sexual, 27 personas desaparecidas y 63 personas asesinadas.
De estas últimas, según el informe, al menos 28 presentaron “motivos razonables” para afirmar que fueron responsabilidad de la Fuerza Pública.
El general Vargas, por su parte, argumentó que la Policía “no ha dado la orden para que se cometa ningún delito”, ni “ha masacrado a nadie”. Además, lanzó la misma puya de la Cancillería y el Gobierno diciendo –de forma tácita– que es la Fiscalía la llamada a investigar, y no la ONU.
Pese a los señalamientos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU le dijo a EL COLOMBIANO que no avaló el primer informe y que solo brindó asesorías sobre los estándares internacionales del derecho a la reunión pacífica. Sobre el informe más reciente, que sí es oficial y de su autoría, no hubo respuestas adicionales a las críticas del Gobierno.
Así las cosas, el Gobierno Duque y las Naciones Unidas repiten de nuevo la historia de pasadas discusiones. Una de las más recientes se dio en marzo de 2020, cuando ambos se enfrentaron por un informe sobre líderes sociales asesinados en Colombia que advertía posibles intimidaciones por parte de empresas estatales y privadas.
En esa ocasión, la Cancillería calificó las afirmaciones de “graves” y acusó falta de “objetividad en el informe.
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