La Corte Constitucional tomó una importante decisión sobre el ajuste de la unidad de pago por capitación (UPC) —que es el dinero que el Gobierno le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para garantizar la atención de sus afiliados— para los años 2024 y 2025.
Según el alto tribunal, el incremento para 2024 fue insuficiente, es decir, que no alcanzaba para cubrir la demanda de atención en salud que tuvieron las aseguradoras en ese año.
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Así mismo, le ordenó al Ministerio de Salud que haga mesas de concertación para determinar el ajuste de la UPC y se reforme la metodología que se usa para calcularla en los próximos años, incluido 2025, año para el cual esa cartera definió un ajuste del 5,36 %.
Una alta fuente de la Corte Constitucional explicó que lo que señala este pronunciamiento es que la UPC de 2025 debe ajustarse mediante mesas de concertación.
Según esa institución, la cartera de salud no logró sustentar que la UPC asignada para 2024 fue suficiente y que no ha avanzado en corregir, desde 2016, las fallas de información que permitan avanzar con las dificultades para calcular de manera correcta esa prima para las EPS, que es fundamental para garantizar la atención en salud de los usuarios (leer pronunciamiento completo).
En ese sentido, en las mesas de concertación se tendrá que estudiar el desfase existente en el valor de la esos recursos a partir de 2021 para efectuar su reforma, así como que tendrá que establecerse la forma en que se reconocerá a las aseguradoras el reajuste de la unidad del año pasado, por lo cual el ministerio tendrá que indicar los porcentajes y fechas máximas de pago.
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“Aunque el ministerio alega uso indebido de la UPC, no entrega las pruebas de esto para que se inicien las investigaciones correspondientes”, señala la Corte en referencia al Minsalud.
Por otro lado, el alto tribunal afirmó que es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo, como lo son la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor. “La Sala consideró que esta insuficiencia puede afectar los montos mínimos que exige la ley que las EPS tengan en sus cuentas”, agregó.
“Se mantiene el retroceso en la orden de equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado en un 95 % al valor de la UPC del régimen contributivo, pues desde 2022 las primas para ambos regímenes cuentan con una diferencia de 13,02 %”, añadió el tribunal.
Finalmente, en cuanto a las mesas técnicas que debe hacer el ministerio, la Corte dijo que deben incluir a diferentes entidades y actores del sector salud y que tendrá que “analizar el rezago existente en el valor de la UPC a partir del 2021 para efectuar el reajuste de la prima por cada vigencia desde ese periodo, a saber, 2021, 2022 y 2023”.
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