La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para el próximo 12 de agosto de 2025 con el objetivo de abordar una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona la exclusión de los combatientes víctimas de violencia sexual dentro de sus propios grupos armados del listado de “personas protegidas” del Código Penal.

La audiencia, que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia en Bogotá, tiene como objetivo analizar la legislación vigente sobre violencia sexual intrafilas en el contexto de un conflicto armado.

La demanda fue presentada por Natalia Springer, quien argumenta que, en la legislación actual, los combatientes que son víctimas de violencia sexual dentro de sus propios grupos armados no están incluidos en la protección legal prevista para las "personas protegidas".

Esta falta de inclusión dejaría desprotegidas a las víctimas de abusos sexuales, como la esclavitud sexual y la violación, que ocurren dentro de los mismos grupos armados, en los cuales las víctimas permanecen activas en las hostilidades.

La Corte Constitucional ha decidido convocar a una audiencia pública debido a la complejidad del tema y la relevancia que tiene para los derechos de las víctimas. La audiencia se centrará en tres ejes principales. El primero abordará si el reclutamiento forzado y la violencia intrafilas (violencia ocurrida dentro de los mismos grupos armados) son problemas sistémicos que afectan los derechos humanos, o si deben considerarse hechos aislados. Este eje incluirá una revisión sobre la definición de "persona protegida" y su aplicación en el contexto de los grupos armados.

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El segundo eje se enfocará en la necesidad de actualizar la legislación colombiana para asegurar que las víctimas de violencia sexual dentro de los grupos armados reciban la misma protección legal que las víctimas de violencia fuera de los grupos. Finalmente, el tercer eje se dedicará a analizar la violencia sexual que afecta a hombres y personas diversas dentro de los grupos armados, un aspecto que también es objeto de discusión en la demanda.

La Corte escuchará a expertos internacionales y nacionales en derechos humanos, así como a organizaciones defensoras de víctimas, quienes presentarán sus puntos de vista sobre si las leyes colombianas deben ser modificadas para ampliar la protección de las víctimas de violencia sexual dentro de los grupos armados.

A su vez, se discutirán las implicaciones de este asunto tanto en el contexto nacional como internacional, en especial en relación con los estándares del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

La Corte también ha subrayado que esta audiencia pública tiene el potencial de sentar un precedente histórico sobre la forma en que la legislación colombiana protege a las víctimas de violencia sexual en el marco de un conflicto armado, ampliando la protección para incluir a aquellos que, por su vinculación al grupo armado, han quedado desprotegidos en la actualidad.

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