Justo cuando el Gobierno de Gustavo Petro está a horas de sentarse a hablar con los cabecillas de las bandas criminales y grupos delincuenciales de Medellín –en la cárcel de Itagüí–, en el Congreso se destaparon las cartas de la oferta del Ejecutivo para los condenados que están encerrados en ese y otros centros de operaciones de la paz total.

El senador de la Alianza Verde y ficha clave de la bancada del Gobierno, Ariel Ávila, presentó en la tarde del martes la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de sometimiento que entrará en discusión la próxima semana.

El texto de 93 páginas tuvo ajustes en 20 de sus 63 artículos y es el insumo final que los voceros de la Casa de Nariño podrán presentarles a los cabecillas de las bandas este viernes en la instalación formal de la mesa de diálogo con los combos antioqueños, mientras en el Congreso los legisladores estarán analizando uno a uno sus puntos.

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El Gobierno le llama “sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas” y tiene como foco a bandas como el grupo Niquía Camacol, que comanda Juan 23 –ya detenido por la justicia–, o La Unión, de alias El Ronco, otro que también está tras las rejas.

Menos cárcel y quedar con plata

A ellos y a los cabecillas de otros grupos como el Clan del Goldo, La Oficina y Los Pachelly el proyecto de ley les ofrece sometimiento colectivo que, si bien es posible como resultado de un diálogo como grupo, se finiquitaría con actas individuales de sujeción.

Esa paz total les oferta la posibilidad de pagar solo entre 6 y 8 años de cárcel (un periodo corto si se tiene en cuenta que para las condenas por narcotráfico ese lapso puede ascender a los 30 años) para aspirar a una libertad provisional condicionada de 18 meses. Esta se concreta una vez los vándalos firmen su promesa de reinsertarse a la vida civil.

Ese concepto de “reinserción” es uno de los cambios que quedó consagrado en la ponencia porque esta ya no habla de reintegración, sino de reinserción con un enfoque restaurativo. Ese es, precisamente, uno de los ajustes más repetidos en el escrito.

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Para quienes apenas se presentarán ante la justicia estará la posibilidad de pagar solo 10 años de la pena, incluso los que están señalados por delitos menores –como porte de armas o concierto para delinquir– podrían tener su boleto de libertad condicionada con apenas 6 meses de cárcel.

Entre los puntos más suntuosos está la posibilidad de que los integrantes de esas bandas se queden con el 6% de las ganancias que resultaron de sus actividades ilícitas, participación que no puede superar los 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, que no sobrepasaría los $11.000 millones.

El monto parece poco para los delincuentes que a través de sus abogados han dicho que no están contentos con la proposición del Gobierno. Pero esa cantidad de dinero equivale al salario que recibirían unos 10.000 colombianos que ganan el mínimo por trabajar durante un mes: poco para los encarcelados, pero mucho para la gente de a pie.

Otro artículo contempla que los menores de edad que están en las bandas serían considerados “víctimas de la estructura” por haber sido reclutados. Si uno de los delincuentes fue reclutado antes de los 18 años, pero ya es adulto, la sanción dependerá del rol que tenga dentro de la banda criminal.

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Senado hará el primer examen

La oferta del Gobierno necesita una contraprestación y por eso el artículo 12 les exige a los 14.000 bandidos que podrían acogerse a este reconocer su responsabilidad penal, reparar a las víctimas y aportar información a la Fiscalía que permita desmantelar a sus socios.

Esos y otros puntos que quedaron plasmados en la ponencia serán analizados en la Comisión Primera del Senado a partir de la próxima semana, cuando faltan menos de dos semanas para que terminen las sesiones ordinarias del Congreso. Pese a que el tiempo apremia, los ponentes confían en que este surtirá los dos primeros debates antes de que termine la legislatura, posiblemente en sesiones extras.

Las proyecciones que hace el senador Ávila son ambiciosas en un contexto en el que los congresistas han faltado a las citaciones para evitar tomar postura sobre los proyectos. De ahí que el propio Ávila hizo un duro llamado a la Presidencia: si el presidente no recompone su bancada, será difícil que su articulado se convierta en ley. El boicot legislativo al podría cortarle una pata a la paz total.

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