Más de 101.000 personas fueron desplazadas de manera forzada en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, en un contexto de persistencia del conflicto armado que también obligó a más de 110.000 habitantes a permanecer confinados en distintas regiones del país, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Durante ese periodo se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, situaciones que impactaron de manera directa a hombres, mujeres y menores de edad, y que evidencian el deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del territorio nacional.

Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Cauca concentraron el mayor número de casos de desplazamiento forzado, mientras que Chocó, Cauca y Huila presentaron los índices más críticos de confinamiento.

La Defensoría advirtió que estas cifras muestran un aumento sostenido frente a años anteriores y reflejan la persistencia de la crisis en los territorios más vulnerables.

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Ante este panorama, el organismo de control hizo un llamado a la adopción urgente de políticas de prevención y respuesta con enfoque territorial, que garanticen la presencia efectiva del Estado y la protección de la población civil.

El reporte oficial también dio cuenta de otros fenómenos asociados a la movilidad humana. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país. De ese total, el 40,41% fueron mujeres, el 38,27% hombres y el 21,32% niños, niñas y adolescentes. La mayoría de estas personas provenían de Venezuela, con 136.950 casos, seguidas por ciudadanos de Ecuador, Perú y República Dominicana.

En el mismo periodo se registró un flujo de migración inversa. Al menos 19.134 migrantes ingresaron a Colombia por la ruta La Miel, desde Panamá hacia el corregimiento de Capurganá, en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó. De ellos, el 55,8% fueron hombres, el 25,3% mujeres y el 19% menores de edad. Venezuela encabezó también este flujo, con 18.787 personas.

La Defensoría del Pueblo alertó que estos fenómenos continúan vulnerando derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el acceso al agua potable, la educación, la vivienda y otros servicios esenciales, y reiteró la necesidad de respuestas integrales frente a una crisis humanitaria que se mantiene activa en varias regiones del país.

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