Mientras desde el oficialismo señalan a los periodistas de los medios privados como “desinformadores” que responden a “intereses económicos”; en los medios públicos se instauran “influencers” como voces expertas en temas económicos y políticos.
Aquello, según el último informe de Libertad de Prensa realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha construido un ambiente informativo hostil, de autocensura y sin garantías de transparencia en Colombia.
Los señalamientos de la CIDH al Gobierno
Uno de los principales puntos señalados por el organismo internacional es el aumento de discursos que deslegitiman a la prensa.
El documento describe una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos” y advierte que calificativos como desinformadores o mentirosos, atribuidos incluso al presidente Gustavo Petro, podrían tener un efecto inhibidor sobre la labor periodística.
“Principalmente el Presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos”, “cooptados”, “de oposición” u “oligárquicos”, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias”, dice la CIDH.
Según la CIDH, este tipo de lenguaje no solo deteriora el debate público, sino que también eleva los riesgos para quienes cubren temas sensibles.
El informe también recoge preocupaciones sobre el sistema de medios públicos, en particular sobre RTVC. Allí se mencionan reportes de posibles presiones para modificar o evitar contenidos críticos al Gobierno, así como la salida de periodistas y directivos, y presuntos vetos a voces críticas.
En ese contexto, también se citan cuestionamientos al director de la entidad, Hollman Morris, por declaraciones que, según denuncias, podrían contribuir a desacreditar a medios y comunicadores.
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“La Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que, podría afectar el pluralismo informativo”, dice el informe.
Estas tensiones se suman a reclamos recientes de periodistas que han pedido frenar ataques en medio de denuncias internas por presuntos casos de acoso laboral y violencia de género.
Otro aspecto que preocupa al organismo es la inclusión de creadores de contenido digital en espacios de análisis sin criterios claros de transparencia, lo que podría afectar la calidad y credibilidad del debate público.
A esto se suma el impacto diferenciado sobre las mujeres periodistas, quienes —según la relatoría— enfrentan agresiones en entornos digitales con componentes de violencia de género que buscan silenciar sus voces y limitar su participación.
¿Cómo afecta el conflicto armado al ejercicio periodístico en Colombia?
La CIDH subraya que el ejercicio del periodismo en Colombia enfrenta riesgos adicionales en regiones con presencia de grupos armados.
En estos territorios, las amenazas a la seguridad de los comunicadores y las restricciones para acceder a información afectan no solo su trabajo, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Para el organismo, el ambiente actual —marcado por presiones, estigmatización y condiciones de seguridad adversas— plantea desafíos significativos para el pluralismo informativo y la libertad de expresión en el país.
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