El paso a paso en el que avanza en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de la reforma laboral, vive ahora un nuevo capítulo, el enfrentamiento entre los partidos que hasta hace dos semanas eran los socios político del Gobierno, conservadores y La U, que consideran que afectará a los empresarios, mientras que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lo niega tajantemente.
Desde el conservatismo, aunque el representante Alexander Quevedo, firmó la ponencia, en la mayoría de su dirigencia hay malestar profundo por los alcances que llegará a tener la reforma. Por ejemplo el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, afirma que esta reforma laboral amenaza a los empresarios colombianos. “Esta reforma está amenazando más de 450.000 empleos en todo el país y eso nos pone un escenario mucho más desolador y nos impone un gran reto. Y quiero aprovechar para decirle a la ministra de Trabajo que esa reforma laboral amenaza a los empresarios, especialmente a los empresarios antioqueños”, indicó.
Precisó que “esa reforma amenaza a la empresa y amenaza a nuestra economía. No cuente con Antioquia para su reforma, señora ministra, porque aquí vamos a estar firmes como ese muro de contención”, insistió.
Por su parte el representante a la Cámara del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, aseguró que como está redactada la ponencia que se radicó el miércoles, la misma afectará al empleo, las empresas y hasta la equidad laboral.
“Decidimos radicar una ponencia alternativa, no estamos de acuerdo con el bloque de los derechos colectivos, como por ejemplo la huelga para las empresas de servicios públicos esenciales”, declaró el representante, quien agregó que “tiene además el inconveniente que las minorías decidan por las mayorías para que vayan a la huelga los trabajadores en las empresas. Se pretende equipar los derechos y salarios de las empresas grandes con las mipymes”.
La senadora opositora de Centro Democrático, Paloma Valencia consideró que si la reforma laboral no genera empleo no sirve, “a mayoría de las empresas son pequeñas, subirle los costos significa que vamos a quebrar mucho, que se pueden quedar sin empleo 500.000 colombianos y lo más grave es que cuando se suben los costos laborales, los productos de las empresas suben y los colombianos son los que van a tener que pagar esos incrementos”.
La ministra del Trabajo, en rechazo a esas posturas sostiene que “las propuestas que tiene el Gobierno no son ni para arruinar empresas, ni para destruir empleos, esos son los mitos que nos están poniendo para desinformar al país. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un equilibrio en estos dos actores del mundo laboral”.
Insiste Ramírez que “se deben miran las dos caras de la moneda, no solo miren el tejido empresarial, la idea no es arruinarlo, queremos empresas sólidas, potentes, fortalecidas, pero sin precarización laboral” y precisó que “lo que estamos diciendo es que hay que hacer consciencia de lo que fue ese desequilibrio, donde se pactaron con los gobiernos de turno y no se tuvieron en cuenta la afectación de los trabajadores”.
La discusión de la reforma laboral no podrá comenzar en la Comisión VII de la Cámara sino hasta cuando se vote o se aplace el estudio de la reforma a la salud, la cual es el proyecto que se tiene de primero en la agenda.
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