En empate, quedó la votación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a la acusación contra cinco congresistas en ejercicio y un excongresista vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo a la información de El Tiempo, ante esta situación, el alto tribunal está obligado a convocar conjueces para destrabar el debate y definir el futuro judicial de los congresistas investigados por el sonado caso en esa entidad.

¿Quiénes son los congresistas vinculados al escándalo de la Ungrd?

Los parlamentarios involucrados en el proceso son Wadith Manzur, del Partido Conservador; Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; Karen Astrid Manrique, representante de las Curules de Paz; y el excongresista Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde.

La discusión gira en torno a una ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien propone llamar a juicio a los implicados y ordenar su envío a prisión preventiva mientras avanza el proceso. 

El magistrado argumenta que, debido a su poder político y su influencia regional y nacional, los procesados podrían interferir en el desarrollo del juicio.

¿Por qué vinculan a estos congresistas al escándalo de corrupción en la Ungrd?

Según la hipótesis de la investigación, los congresistas habrían negociado su respaldo a proyectos impulsados por el Gobierno a cambio de beneficios para sus regiones. Estos supuestos acuerdos se habrían materializado mediante cupos indicativos y contratos de proyectos financiados con recursos públicos.

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Uno de los escenarios en los que se habría concretado este respaldo político sería la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia clave en la aprobación de operaciones de endeudamiento del Estado. Algunos de los congresistas investigados formaban parte de esta comisión.

El magistrado ponente ya había intentado que la Sala aprobara una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas que actualmente ocupan curul, excluyendo al exrepresentante Juan Diego Muñoz. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada por la Sala en agosto del año pasado.

La ponencia derrotada estaba sustentada en un documento de cerca de 500 páginas que recopilaba testimonios de varios exfuncionarios del Gobierno. Entre ellos figuraban los exdirectores de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

También se incluyeron declaraciones de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y Diego Guevara. A estos testimonios se sumó el del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes.

Reyes aseguró que había advertido al presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en la distribución de contratos y en la asignación de recursos del Ministerio de Hacienda antes de que el escándalo de corrupción se hiciera público.

Otra de las pruebas centrales en el expediente son los chats encontrados en el celular de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.

En esas conversaciones se registran reuniones entre ministros señalados y congresistas investigados en las que, presuntamente, se discutió el respaldo legislativo a iniciativas como el proyecto de endeudamiento.

Durante el debate interno surgieron posiciones jurídicas distintas que llevaron al empate 3-3 entre los magistrados. Una de ellas plantea la posible existencia de un vicio de procedimiento que podría invalidar lo actuado hasta ahora en el proceso.

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Ese cuestionamiento está relacionado con la investigación contra Wadith Manzur, inicialmente asignada al despacho del magistrado Héctor Alarcón. Según esa postura, el expediente habría sido reasignado sin seguir el procedimiento correspondiente, lo que obligaría a devolver el caso para un nuevo reparto.

La otra posición dentro de la Sala sostiene que no existirían pruebas nuevas o circunstancias sobrevinientes que justifiquen ordenar una medida de aseguramiento contra los congresistas, pese a que el magistrado ponente propone su llamado a juicio.

Ante el empate, los magistrados volverán a reunirse la próxima semana para elegir conjueces que participen en la decisión. La fecha prevista para intentar destrabar el debate y definir la situación jurídica de los parlamentarios es el 11 de marzo.

Mientras tanto, el caso se cruza con el calendario político. Actualmente, Wadith Manzur y Karen Manrique están aspirando a la reelección en sus curules, por lo que la decisión judicial podría coincidir con el proceso electoral del domingo 8 de marzo.

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