La empresa criminal que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) tiene hoy en líos con la justicia a varios funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y a congresistas. Pero, sin lugar a dudas, las peores consecuencias las siguen asumiendo los más vulnerables: las comunidades que históricamente han padecido por la falta de agua en sus áridos territorios.

Hace 11 meses, el gobierno, a través de la UNGRD, adquirió 80 carrotanques con el propósito de repartir agua en el departamento de La Guajira. Aunque sus habitantes celebraron con esperanza la noticia, ni los carrotanques ni el agua llegaron.

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Desde su adquisición, los carrotanques permanecen en un parqueadero en La Guajira, de donde no han sido movidos. Esta situación mantiene en alerta a los organismos del Estado, ante la crisis generada por los estragos del fenómeno de El Niño y la sequía.

Por ello, en las últimas horas la Procuraduría General envió una comunicación a la UNGRD, reiterando la necesidad de contar con un plan de distribución de los 80 carrotanques ubicados en dos batallones y un parqueadero público.

El órgano de control solicitó además considerar el traslado de estos vehículos a otras regiones del país donde también hay afectaciones por la falta de agua.

“La relocalización se debe realizar bajo criterios técnicos, sustentados en el análisis de las condiciones geográficas de los potenciales municipios o distritos beneficiados, los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y las características técnicas de los vehículos que permitan su movilidad y funcionalidad para atender a las poblaciones más afectadas por el fenómeno de El Niño, frente al desabastecimiento de agua”, indicó el organismo.

El Ministerio Público también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el acceso a la información sobre el proceso de aseguramiento y regionalización de los carrotanques se proporcione solo una vez adjudicado el contrato, ya que, para dicho momento, ya “deberían estar subsanadas las observaciones previamente sugeridas por las partes y por la Procuraduría”.

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Teniendo en cuenta que los vehículos llevan en desuso más de 11 meses, la Procuraduría pidió evaluar, en coordinación con el Ministerio de Defensa, las condiciones actuales de los mismos.

En ese sentido, el organismo sugiere que se presenten las acciones de coordinación adelantadas con el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional para la realización de los peritajes por parte de las aseguradoras interesadas; el listado de potenciales municipios o distritos beneficiados con la relocalización de los 80 carrotanques adquiridos por la UNGRD, los criterios aplicados para su identificación y la fórmula de valoración establecida para su selección.

A la UNGRD también le requirió allegar el listado de las entidades territoriales que, a la fecha, han manifestado interés en el recibo de los carrotanques y la comunicación a las aseguradoras en la que se relacionen los posibles lugares en los que podrían ser relocalizados los vehículos.

Finalmente, en la comunicación, la Procuraduría advirtió que “se contempla como falta gravísima relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente, el no dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres en los términos establecidos en la ley, y que omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades constituye una falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el Código General Disciplinario”.

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