Ante un juez de control de garantías de Bogotá, el menor de edad aprehendido por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se declaró inocente. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

El joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un menor de edad, fue detenido horas después del ataque ocurrido el pasado sábado en Bogotá. Según el ente acusador, habría estado directamente involucrado en la acción violenta que dejó gravemente herido a Uribe Turbay y puso en riesgo a otras personas que se encontraban en la zona.

Por el momento, el proceso judicial avanza bajo reserva, mientras las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios que permitan esclarecer tanto la autoría material como los posibles responsables intelectuales del atentado.

La Fiscalía solicitará que sea cobijado con medida de internamiento y de ser hallado responsable podría pagar una pena de ocho años en un centro especial para menores.

¿Qué sanción podría enfrentar el adolescente?

“La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino es una sanción que bajo los alineamientos de la ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione. Sin embargo, esto también sucede en unos sitios, en unos centros especiales que son dispuestos para menores infractores”, afirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

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¿Cómo avanza el proceso judicial?

El caso ha tenido rechazo unánime en todo el país y despertado múltiples interrogantes sobre las sanciones a las que se enfrentaría el presunto responsable debido a la gravedad de los hechos.

Al respecto, la fiscal Camargo precisó que, independientemente del delito, todos los menores aprehendidos son tratados como presuntos infractores, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, que rige el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El adolescente permanecerá bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y será alojado en el búnker de la Fiscalía mientras se define su situación jurídica.

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