El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) reveló por medio de un informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que entre 1971 y 2014 en Meta, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá se presentaron 293 casos de desaparición forzada que dejaron 354 víctimas.

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De acuerdo con el Movice 253 de estos casos se presentaron en la región del Magdalena Medio en los municipios de Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó en el departamento de Antioquia; Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí en Santander; Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada en Caldas; y Puerto Boyacá en Boyacá. Estos casos involucran 313 víctimas de desaparición.

Los principales responsables de estos hechos en esta región del país serían estructuras guerrilleras y paramilitares, pues según el informe “desde los años ochenta la región ha estado fuertemente militarizada por integrantes de la Fuerza Pública, además de la presencia de estructuras guerrilleras de las Farc, el Eln y el Epl, así como de grupos paramilitares, quienes se han disputados el dominio y han ejercido presión con graves consecuencias para la vida y la garantía de los derechos de sus pobladores, entre ellas las desapariciones forzadas”.

El informe también revela que estas desapariciones se ejecutaron a través de cuatro modalidades, la detención-desaparición; las desapariciones en contextos de intolerancia social;  las desapariciones forzadas y las desapariciones que tuvieron como responsables actores insurgentes, que se relacionan posiblemente con reclutamientos ilícitos.

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Con relación a las víctimas el informe revela que en esta región el 6,7% corresponden a mujeres y el 93,3 % a hombres. Entre los perfiles de las víctimas se identifican pobladores de zonas rurales dedicados a la agricultura, pertenecientes a comunidades campesinas, pobladores de zonas urbanas dedicados a trabajos informales, desertores de grupos armados o personas que participaban en las actividades ilícitas promovidas por el grupo armado, y en menor medida militantes de partidos de izquierda -Partido Comunista y Unión Patriótica-, estudiantes, líderes y lideresas comunitarias y sindicalistas.

Departamento del Meta 

El informe también revela que 40 casos más se presentaron en los municipios de El Castillo, Granada, La Macarena, Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Gaitán, Villavicencio y Vistahermosa en el departamento del Meta, dejando 41 víctimas.

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Los principales responsables de estos hechos en esta región del país serían las Fuerzas Militares, el paramilitarismo, y otros grupos armados.

Estas desapariciones se efectuaron, de acuerdo con el informe,  a través de tres modalidades: la detención- desaparición; la instalación de retenes ilegales y la sustracción violenta de las víctimas de viviendas, lugares de ocio, espacios públicos o sitios de trabajo.

Con relación a las víctimas el informe revela un  patrón de victimización contra militantes de partidos de izquierda y líderes y lideresas comunitarios y campesinos, dentro de un escenario de violencia sociopolítica que se agudiza a partir de 1985. De los casos analizados cinco víctimas son reconocidas como militantes del partido Unión Patriótica o líderes de procesos comunitarios.

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Apertura de un macrocaso 

Tras la revelación de este informe el Movice solicita a la  Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de conductas de la JEP abrir un macro caso de desaparición forzada a nivel nacional, que posibilite la investigación de conductas, patrones de macrocriminalidad y responsabilidades en la comisión, auspicio y ejecución de desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y grupos paramilitares en el marco del periodo de violencia sociopolítica y conflicto armado colombiano. 

“La estrategia metodológica definida por la Jurisdicción de asumir la investigación de las desapariciones forzadas como “casos sombrilla” ligados a los macrocasos 01 y 03, primero desconoce la magnitud de este crimen, que ha sido evidenciado en múltiples informes presentados por organizaciones de víctimas y de derechos humanos, que implica analizar sus patrones, causas, impactos de forma autónoma para entender las estrategia que hicieron posible la magnitud de esa grave violación a los derechos humanos”, indica el movimiento.

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Además solicitan a la  Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción especial de Paz (JEP) fortalecer mecanismos de articulación, concertación y trabajo conjunto con las víctimas y sus organizaciones locales de búsqueda, la implementación de las acciones surgidas de las medidas cautelares, los pactos territoriales por la búsqueda y mesas técnicas territoriales con el fin de incorporar sus experiencias, saberes, aportes y expectativas al proceso de búsqueda de sus familiares.
 

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