Dentro del marco de la Segunda Junta Ampliada de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), personeros se reunieron en Cúcuta para evaluar la persistente crisis humanitaria en Norte de Santander, por cuenta del conflicto armado en el Catatumbo, pero además manifestar su solidaridad y acompañamiento a  los funcionarios que enfrentan escenarios retadores de manera permanente en el territorio.

Así lo indicó Luis Gabriel de Giovanni, personero de Montería y presidente de Fenalper, quien resaltó el sentido de unidad que existe en la familia del Ministerio Público, dispuesta a trabajar para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

Sin embargo, De Giovanni no dejó de mostrar su preocupación por la situación de inseguridad en que se encuentran muchos personeros en el país, entre ellos los de Norte de Santander. Y es que de acuerdo con la información que manejan desde el gremio, de los 1.104 personeros que existen en el país, un 10 por ciento, es decir 110, se encuentra en alto riesgo.

“Hemos insistido ante las distintas autoridades competentes, con la Unidad de Protección, para que revisen caso a caso y puedan darles mayores garantías”, dijo el representante de Fenalper, al tiempo que señaló las dificultades del trabajo en territorio, sobre todo en las zonas rurales, donde los propios personeros pueden ser víctimas de desplazamiento forzado o de asesinato en el peor de los casos.

“No queremos eso para nuestros personeros, porque además son la puerta de entrada del Ministerio Público en Colombia, son la cara visible ante la gente, son el aliado del ciudadano allá donde no llega el Estado”, expresó De Giovanni.

El abandono en el Catatumbo

En el contexto del departamento, Delia Torres, personera del municipio de El Carmen y presidenta de la Asociación de Personeros de Norte de Santander, habló del abandono que sienten como primeros defensores de los derechos humanos en los territorios, no solo en la atención a los miles de afectados por el conflicto armado, sino de los personeros en el desempeño de su función.
 

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Y es que de acuerdo con Torres, de los 40 personeros que tiene el departamento, cuatro se encuentran bajo amenaza, dos de la zona del Catatumbo y dos del área metropolitana, esto sin contar los señalamientos que han recibido por exponer sus puntos de vista, ante la falta de resultados por las estrategias hasta ahora implementadas por el Gobierno nacional.

Por esta razón, dijo, fue que decidieron unir esfuerzos desde todas las dependencias del Ministerio Público para “realizar una hoja ruta que de alternativas para la solución de los conflictos, así como la atención inmediata que nos compete como personeros del país”, indicó Torres.

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Igualmente, la personera de El Carmen fijó posición respecto al establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal para integrantes de las disidencias del frente 33 de las Farc. Dijo que si bien no lo considera oportuno en este momento, respeta la decisión alcanzada en la Mesa de Diálogos de Paz, aunque reiteró que “la conflictividad sigue viva en esta subregión del país y lo único que le pedimos al Gobierno nacional es que no pierda el foco”.

También hizo un llamado a los actores armados a respetar la vida, “nosotros hemos sido neutrales y hemos respetado las decisiones que han tomado, del mismo modo pedimos que se nos respete ese principio fundamental para nosotros poder trabajar en la defensa de los derechos en las personerías”, dijo.

Ampliar la capacidad en territorio

Además de validar la sensación de soledad que expuso su colega de El Carmen, Jhonny Quintero, presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, pidió durante su intervención la ampliación de las capacidades de las personerías, como la puerta de ingreso al Ministerio Público para los ciudadanos afectados.

Señaló que “hoy tenemos listados de 1.500, 2.000 familias que no han podido declarar, pero es que tampoco tenemos una estrategia a nivel departamental o regional para atender a esas víctimas por parte del Ministerio Público”.

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“Se habla de un sistema nacional de atención a las víctimas del conflicto armado y está ahí la Unidad de Víctimas con un presupuesto grande, pero hay una puerta muy pequeña que son las personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, por donde tienen que pasar esas miles de víctimas”, dijo.

El representante de los personeros del Catatumbo se refirió a los retornos a territorio, los cuales no son todavía posibles porque no hay garantías de seguridad, pero pese a las advertencias de la Fuerza Pública, la gente  lo está haciendo con la venia de los alcaldes.

Y es que de acuerdo con Quintero, el decir de los mandatarios locales es que “hay que hacer vida, porque aquí ninguno nos va a venir a defender. Tenemos que salir de esto solos”, lo cual, desde su punto de vista, habla del abandono estatal que persiste a pesar de los decretos especiales girados en el marco de la Conmoción Interior.

El llamado directo de Quintero fue cumplir de una vez por todas con los acuerdos que se han firmado para lograr la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. “Necesitamos efectividad en cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz de 2016”, indicó.

En representación de la Procuraduría General estuvo Javier Sarmiento, delegado de seguimiento del acuerdo de paz, quien transmitió de parte del procurador Gregorio Eljach, un mensaje de solidaridad y respeto por la labor, así como todo su apoyo desde esa dependencia para articular esfuerzos y mejorar el desempeño de las personerías de quinta y sexta categoría.

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