La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Gobernación de Norte de Santander firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer el restablecimiento de derechos territoriales a las víctimas de abandono forzado y despojo en la región. El acuerdo representa un paso clave en la articulación de esfuerzos institucionales para avanzar en los procesos de restitución de tierras.
“Nos encontramos con el gobernador William Villamizar firmando este memorando, que significa que vamos a juntar nuestras misionalidades para cumplir con el derecho fundamental a la restitución de las víctimas que han sido despojadas en esta región”, expresó el mayor Giovani Yule, director general de la URT.
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El convenio contempla acciones conjuntas en tres fases del proceso de restitución: administrativa, inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) y etapa posfallo.
En la etapa administrativa, la Gobernación podrá suministrar informes sobre zonas a microfocalizar, apoyar con la logística para la práctica de pruebas y facilitar canales de comunicación para notificar a víctimas y terceros interesados.
Respecto a la inscripción en el RTDAF, la administración departamental podrá proponer medidas que garanticen el goce efectivo de derechos de quienes han retornado a sus predios, así como facilitar el acceso a proyectos productivos y alivio de pasivos.
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En la etapa posfallo, ambas entidades se comprometieron a intercambiar información sobre las órdenes judiciales emitidas por jueces de restitución, relacionadas con acceso a tierras, subsidios de vivienda y programas productivos, con el fin de asegurar su cumplimiento efectivo.
Adicionalmente, la Gobernación podrá disponer de un equipo interdisciplinario para identificar terrenos susceptibles de ser adjudicados a segundos ocupantes, como parte de una solución integral.
“Este memorando permite que podamos avanzar, no solo en devolver las tierras despojadas a sus habitantes, sino en lograr acciones de no repetición”, dijo el gobernador William Villamizar, quien agregó que el objetivo también es generar las posibilidades para que las personas que en su momento los perdieron todo o ese lugar del que dependían para poder trabajar.
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Entre los beneficiarios con la firma de este acuerdo, destacan las comunidades indígenas que hacen vida en el departamento, como la u’wa y barí, que recibieron con beneplácito la noticia, toda vez que esta decisión “se proyecta como una herramienta clave para avanzar en la reparación integral, la justicia y la paz territorial”, expresaron sus líderes.
Del mismo modo, indicaron que con este memorando representa el cumplimiento del derecho fundamental de restitución de las víctimas, despojadas consecuencia de la guerra entre grupos armados ilegales.
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