En medio de un acto simbólico de perdón, 10 comparecientes de la Fuerza Pública, implicados en los crímenes de ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en la región del Catatumbo y Norte de Santander entre los años 1992 y 2013, avanzaron en el proceso de reparación y restauración de las víctimas, al reconocer de manera pública su responsabilidad en los llamados falsos positivos. 

El encuentro, propiciado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dentro del marco del proceso de acompañamiento a miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tuvo lugar este jueves en la sede la Biblioteca Pública, Julio Pérez Ferrero. 

“Este proceso busca trabajar alrededor de la restauración y la reparación a las víctimas directas, pero también de las organizaciones que fueron víctimas de estigmatización, de territorios enteros que fueron señalados, y con estos procesos lo que esperamos es contribuir a la reconciliación y a la construcción de la paz”, explicó Alejandra Miller, directora nacional de la ARN.

Indicó que esta acción hace parte de una serie de condiciones definidas por los familiares de las víctimas, que buscan el principio de la imagen y honor de sus parientes asesinados. 

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Hay que recordar que estas ejecuciones obedecieron a una estrategia de la Fuerza Pública encaminada al debilitamiento de las estructuras armadas ilegales que operaban en zonas como el Catatumbo, pero que en algún momento se desvirtuó y en el afán de presentar resultados operacionales a sus superiores, se tejió la estrategia de asesinatos selectivos para ser presentados como bajas en combate. 

En este sentido, Miller indicó que otro de los propósitos de esta dinámica es contarle a las nuevas generaciones lo que sucedió y garantizar con medidas concretas la no repetición de estos hechos. 

Lo que viene

Alejandra Miller señaló que tras esta acción restaurativa lo que sigue es el acompañamiento de los comparecientes, mientras la JEP define la situación jurídica de cada uno de ellos. 

Indicó que en este momento en Colombia existen alrededor de 6.000 comparecientes ante la JEP, de los cuales alrededor de 1.000 cuentan con el acompañamiento de la ARN. 

En el caso de Norte de Santander, de acuerdo con Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, a través de la Subsala Catatumbo, se está evaluando la situación jurídica de aproximadamente 600 comparecientes, de los cuales 54 están dentro del programa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 

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Díaz Romero recordó que los casos que llevan tienen que ver con no máximos responsables que deben responder, en un proceso transicional dialógico sobre los graves daños ocasionados con estos hechos criminales, con los aportes de verdad, reconocimiento de responsabilidad, dignificación de las víctimas, hacer memoria de ellas y las garantías de no repetición.

En cuanto a la definición de la situación jurídica de los comparecientes y el tiempo que esto podría llevar, el magistrado indicó que este año ya se podrían dar los primeros resultados, toda vez que la sala ya ha avanzado en los casos de al menos 147 comparecientes en diferentes partes del país, expidiendo 11 decisiones. 

Sobre las acciones en la Subsala Catatumbo, el magistrado indicó que se han tomado decisiones sobre 77 comparecientes de renuncia a la persecución penal, que están siendo evaluadas y estudiadas por la sección de apelación. “Seguimos avanzando y esperamos que este año se resuelva por lo menos a los 10 comparecientes que han hecho su exposición el día de hoy”, dijo Díaz Romero.

Una verdad que alivia y reconforta

El 21 de febrero de 2008, Luis Fernando Rondón Quintero perdió a su hermano Juan Guillermo, víctima en un triple homicidio en la finca Los Pinos, ubicada en la vereda Pinzón del municipio de Hacarí. Según los testimonios,  murió a manos de tropas del Ejército. 

Para Luis Fernando con este acto de reparación “sí se hace justicia, porque ellos (los comparecientes) reconocen que todo fue un error, que él -Juan Guillermo- no era un paramilitar, ni cobraba vacuna a los ganaderos, ni pertenecía a las Águilas Negras, sino que todo fue un montaje, le ensuciaron el buen nombre y lo asesinaron”.

Recordó que su hermano solo era un comerciante, que viajaba de manera constante a Venezuela llevando ganado y trayendo otras mercancías. Dijo que el día de asesinato, fue citado junto a dos hombres más a la finca señalada, donde esperaban tropas del Ejército que, a la orden de ‘que nadie quede vivo’, ejecutaron una a una a las víctimas con tiros de fusil, para luego sembrarles armas, como pistolas y granadas. 

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Señaló que Juan Guillermo tenía 34 años, no tenía hijos ni esposa, pero sí padres y cuatro hermanos que quedaron devastados con la tragedia.  

Aseguró que los testimonios de los comparecientes son “una verdad que alivia y reconforta el alma”; espera que, por el bien de más víctimas y de la paz en el Catatumbo, el proceso siga avanzando, que los comparecientes continuen aportando verdad sobre estos crímenes para que haya una restauración real.  

Este acto de reparación hace parte de una serie de solicitudes hechas por las víctimas de falsos positivos, que piden además una acción pedagógica a través de medios radiales e impresos, donde se cuente la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y se limpie el honor de los asesinados.

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