Con la promesa de transformar una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, el Gobierno Nacional firmó el Pacto Social por el Catatumbo en Tibú. El evento, que reunió a autoridades locales, líderes comunitarios y habitantes de la zona, estuvo marcado por discursos que resaltaron la necesidad de una inversión social concreta y efectiva.

Sin embargo, también quedó en evidencia el malestar de algunos sectores de la comunidad, que se sienten marginados de las decisiones y escépticos ante el cumplimiento de los compromisos gubernamentales.

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El presidente Gustavo Petro encabezó la jornada, destacando la importancia de cambiar el modelo económico de la región. “Hay que cambiar la economía del Catatumbo y la economía de la región básicamente es hoja de coca”, afirmó. Según el mandatario, la apuesta del Gobierno es garantizar alternativas económicas sostenibles a través de la agroindustrialización y la entrega de títulos de propiedad a las mujeres campesinas.

El pacto contempla una inversión de 362 mil millones de pesos para proyectos de desarrollo en la región, con énfasis en educación, salud, infraestructura vial y producción agrícola legal. “No venimos a quemar el rancho ni el cultivo. Venimos a acordar las condiciones que permitan que se pueda vivir mientras crece un cultivo legal”, aseguró Petro, quien también insistió en la necesidad de frenar el flujo de cocaína hacia Haití como una estrategia clave para reducir la violencia en la zona.

Sin embargo, en medio del optimismo del Gobierno, varias voces de la comunidad expresaron su descontento por no haber sido plenamente escuchadas en la construcción del pacto.

Representantes indígenas, campesinos y líderes sociales cuestionaron la falta de espacios de participación real y pidieron garantías para que los recursos no terminen en manos de la corrupción o priorizando la inversión militar sobre la social.

La voz de la comunidad: entre la incertidumbre y la resistencia

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Juan Titira, vocero del Resguardo Motilón Barí, quien dejó claro que su pueblo no suscribió el pacto porque históricamente no se les ha cumplido. “No nos han dado ni un centímetro de tierra. Hoy venimos a decirle que nos cumpla lo básico, presidente”, expresó con firmeza.

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Holmer Pérez, presidente de Ascamcat, también advirtió sobre las preocupaciones de los campesinos frente a la declaratoria de conmoción interior en la región. Si bien consideró que podría ser una oportunidad para garantizar recursos, alertó sobre el riesgo de que estos sean desviados por la corrupción o que la inversión en seguridad termine afectando aún más a la población civil. “Proponemos que se cree una veeduría ciudadana que vigile los recursos en el marco de la conmoción”, sugirió. Además, insistió en la necesidad de abrir un diálogo humanitario con los actores armados para evitar que el pacto quede condicionado a la violencia.

Por su parte, Geiner García, representante del Cisca, fue enfático en que el pacto no debería depender del estado de conmoción interior. “Lo que requiere es que se comprometan vigencias futuras para que pueda en 8 o 11 años dar respuesta a las necesidades estructurales y al abandono estatal que ha vivido esta región”, señaló. Sin embargo, también dejó entrever la difícil situación de los líderes sociales en el territorio. “Sus palabras, señor presidente, nos ponen en la mira de los actores que nos amenazan. En sus manos dejamos nuestras vidas”, afirmó.

Rubén Mendoza Galvis, habitante de la comunidad, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la dura realidad del Catatumbo. “Si me ven botar lágrimas es de desesperación por la situación de mi municipio, pero lo hago con orgullo”, dijo. Su clamor fue claro: más educación, más salud, más empleo y, sobre todo, paz.

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Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de la Fundación Hijos Víctimas del Catatumbo, que denunció la falta de apoyo estatal a su labor educativa con niños en extraedad y sin documentación. “Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no somos profesores titulados, solo líderes comunitarios empíricos. Pero la educación no es solo leer y escribir, es respeto y valores. Hoy le pido, presidente, que no nos boten como perros”, expresó una de sus representantes con la voz entrecortada.

Un pacto en medio de la crisis

La firma del Pacto Social por el Catatumbo ocurre en un contexto de alta tensión en la región. En su intervención, el presidente Petro justificó la declaratoria de conmoción interior argumentando que el reciente aumento de la violencia en la zona, especialmente por parte del ELN, había obligado al Gobierno a tomar medidas excepcionales. “Nosotros estábamos hablando de paz y los señores del ELN, una semana antes de la ronda de negociación en Caracas, entraron al Catatumbo a matar campesinos”, denunció.

El mandatario comparó la situación del Catatumbo con la de Gaza y aseguró que el desplazamiento de 55.000 personas en una región de 400.000 habitantes evidencia una crisis humanitaria que no puede ignorarse. “¿Cómo es que no hay conmoción entonces?”, cuestionó.

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Más allá del respaldo institucional al pacto, la comunidad sigue esperando que esta vez los compromisos no se queden en discursos. La Transversal del Catatumbo, una vía clave para la conectividad de la región, fue uno de los puntos en los que más insistió el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. “Se nos quedó un pedazo entre Cúcuta y Tibú, presidente. Son 67 kilómetros que necesitan inversión y son clave para el desarrollo del Catatumbo”, advirtió.

Seis ejes estratégicos para la transformación del Catatumbo

El Pacto Social Catatumbo avanza con una inversión superior a los $6 billones para financiar 139 proyectos destinados a mejorar la infraestructura y calidad de vida en la región. La estrategia se estructura en seis ejes fundamentales y un capítulo especial para el Pueblo Barí, comunidad indígena asentada en la frontera con Venezuela.

El plan incluye proyectos clave como la construcción de la Universidad Nacional del Catatumbo, mejoras en 66 sedes educativas y la ampliación de la infraestructura hospitalaria con un modelo de salud preventiva. También se priorizan el desarrollo vial, la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación del Acuerdo de Paz.

Entre las inversiones más relevantes se destacan $199 mil millones para educación, $330 mil millones para sustitución de cultivos y $196 mil millones para mejorar la conectividad vial. Además, $198 mil millones serán destinados a fortalecer la cultura y territorio del Pueblo Barí.

El Gobierno ha comprometido vigencias futuras por más de $3,5 billones para garantizar la continuidad del pacto en la próxima década. La iniciativa busca transformar la economía del Catatumbo y consolidar la paz en una de las regiones históricamente más afectadas por la violencia.

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