Las obras de embellecimiento de El Malecón vienen siendo noticia desde hace varias semanas y no precisamente por lo que se hizo, sino por las polémicas que vienen rodeando el proyecto. Primero, se reclamó que sus reductores de velocidad causaron un caos de movilidad y ahora, la Fiscalía General de la Nación inició formalmente una investigación penal por el delito de peculado por aplicación oficial diferente en la celebración de ese contrato. 

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Esto último quiere decir que para sacar adelante el plan de “rehabilitación, construcción y embellecimiento del espacio público para uso y tránsito peatonal de El Malecón”  se ejecutaron recursos que inicialmente no estaban destinados y aprobados para ello. 

De eso se trata el delito de peculado por aplicación oficial diferente, que además está consagrado en el artículo 399 del Código Penal Colombiano y que castiga con prisión de uno a tres años, multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

La Opinión logró conocer que la investigación reposa en el despacho de la Fiscalía tercera seccional de la Unidad de Administración Pública. 

¿Cuándo inició la novela?

En 2023 este medio de comunicación reveló unas denuncias en donde señala que la alcaldía habría usado la plata de la contribución de Valorización para adelantar obras que no están incluidas en el plan aprobado por el Concejo dentro del acuerdo 003 de 2017.

A partir de allí se comenzó a conocer que diferentes entes como la Contraloría iniciaron auditorías a estos contratos de valorización. 

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La denuncia puntual era que los recursos estaban aprobados para otros proyectos como la intersección de la Avenida Cero con Diagonal Santander;  intersección de la Diagonal Santander con avenida Gran Colombia y el proyecto del canal Bogotá. 

En ese sentido, en marzo del presente año la Contraloría trasladó el caso a la Fiscalía e informó a través de un comunicado que “la anterior administración municipal desvió sin contar con autorización previa por parte del Concejo Municipal y sin tener estudios de factibilidad que avalaran técnica y presupuestalmente este cambio de destinación, dejando sin recursos la ejecución de proyectos que sí tenían   aval del plan de obras de valorización señalado en el Acuerdo 003 de 2017, tales como: la intersección de la Avenida Cero con Diagonal Santander; Intersección de la Diagonal Santander con Avenida Gran Colombia y el proyecto del canal Bogotá, para dar paso a la ejecución del proyecto de remodelación de El Malecón”.

Este medio trató de entrevistar a la directora del Departamento de Planeación de la gestión de Jairo Yáñez, Marcela Rodríguez, para que haga sus declaraciones; sin embargo, no fue posible obtener respuestas. La última vez que logramos recoger sus declaraciones fue en marzo del presente año y enfatizó en que era respetuosa de las decisiones de los órganos de control. 

A partir de ahora la Fiscalía continuará con la investigación penal y determinará las responsabilidades del caso. 
 

¿El caso afecta a la actual alcaldía?

El actual director de Planeación del municipio, Juan Bocanegra, explicó para La Opinión que este tipo de anomalías las presentó la administración de Jorge Acevedo en el mismo empalme. 

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“Lo que nosotros recibimos de la administración pasada fue obviamente señalado en el empalme. Incluso en el informe que se le dieron a las entidades de control en el mes de enero señalamos que esos recursos fueron usados de manera indebida porque tenían una destinación específica. Eran recursos de valorización específica”, contó Juan Bocanegra. 

Asimismo, aclaró que todas estas investigaciones no salpican a la actual administración, debido a que ellos no siguieron pagando el proyecto con esos dineros que generaron esta investigación.

“Lo que nosotros hicimos desde que asumimos y levantamos la suspensión de la obra, fue hacer cambio y sustitución de fuente. Con recursos propios de la administración fue con lo que se pagó lo que restaba para esta construcción en El Malecón. Para poder salvaguardar todos estos procesos administrativos se hizo el debido arreglo”, puntualizó Bocanegra. 

Hay que recordar que la gestión de Jairo Yáñez pagó el 30% de este proyecto de embellecimiento, que fue con los dineros que generaron esta polémica; mientras que la actual administración debía cancelar el restante. 

Este proyecto le costó al municipio 8.669.931.912 de pesos y la interventoría $684.207.308. 

“Como funcionarios públicos tenemos que actuar en el marco de la ética, de la norma y de la ley para salvaguardar los recursos públicos. Hemos hechos todos los procesos de manera muy transparente y siendo muy responsable para que todos los proyectos que estamos prometiendo se ejecuten en feliz término”, concluyó el director de Planeación. 

Todo mal desde el inicio

Todos estos escándalos no han sido los únicos que macharon este proyecto que inició la anterior alcaldía. 

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Desde la adjudicación del mismo contrato ya comenzaron las polémicas. En la licitación, 10 oferentes pasaron a la última fase del proceso entre los que se escogió al ganador. 

Sin embargo, las denuncias eran que el que había obtenido el contrato no contaba con el Registro Único de Proponentes actualizado a la hora de llevar a cabo este proceso.

Luego de esto, en donde la Fiscalía también le puso la lupa, las polémicas comenzaron a girar sobre los retrasos para entregar el proyecto.

Los trabajos tenían que terminar a más tardar el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, los primeros señalamientos sobre el porqué se paralizaba la obra fueron gracias a las lluvias. 

Luego, en diciembre, anunciaron que suspendían los trabajos por falta de materiales que causó la época decembrina. Al final, los cucuteños terminaron recibiendo el proyecto, sin muchos anuncios, en mayo de 2024. 
 

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